Si el pleno de la Asamblea Constituyente aprueba la propuesta de artículos de la mesa 7 de Régimen de Desarrollo, la nueva Constitución prohibirá expresamente el congelamiento y retención arbitraria de los fondos públicos, según los textos de Soberanía Económica que debatieron la tarde de ayer sus miembros.

El paquete de artículos califica a la actividad financiera como de “orden público” y “solo podrá ser ejercida previa autorización del Estado”. Con ello, según los asambleístas de PAIS, se preservarán los depósitos y se atenderán los requerimientos de financiamiento.

Tanto Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) como Gilmar Gutiérrez (SP) cuestionaron el uso del término “orden público” porque consideran que esto implica no solo la regulación y el control del negocio, sino la posibilidad de asumir esa actividad o estatizarla.

Pablo Lucio Paredes propuso una redacción alternativa: “El Estado tiene la obligación de ejercer funciones de control y supervisión para garantizar la permanencia y cobertura del bien público que es la estabilidad del sistema de pagos, la solvencia y prudencia del sistema financiero y principalmente la seguridad de los depósitos del público”.

El articulado crea la figura del “defensor del cliente”  independiente en cada institución financiera. Esa propuesta fue efectuada por Lucio Paredes.

El texto mantiene la prohibición de que los banqueros tengan participación accionaria en empresas ajenas a su negocio, entre ellos los medios de comunicación social.

Ese último texto también consta en los artículos de los derechos de la Comunicación aprobados por la mesa 1 de Derechos Fundamentales.

El capítulo del sistema financiero tiene dos transitorias, que tampoco han sido sometidas a votación.

La primera establece un plazo de 360 días a partir de la vigencia de la Constitución para que los banqueros que tengan acciones en actividades ajenas a su negocio las vendan.

La segunda obliga al mandatario Rafael Correa a entregar, en no más de un año, un informe sobre la crisis financiera que se desarrolló a partir de la vigencia de la Ley de Instituciones Financieras (1995) hasta la fecha de corte del documento. Este debe incluir la identificación de los responsables y las transacciones ilegales como daciones en pago y fideicomisos. La Comisión que haga ese reporte tendrá inmunidad.

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Empresas
En el capítulo de las empresas públicas  consta una transitoria que determina que el Fondo de Solidaridad será eliminado hasta seis meses después de la vigencia de la nueva Constitución. El texto no ha sido sometido aún a votación.

Soberanía
Los textos de soberanía económica no especifican la moneda oficial, que será determinada por la ley.  El Banco Central  será una persona jurídica de derecho público, pero su organización y funcionamiento serán determinados por la ley.