Presidente de la Asamblea pidió retirar letreros con frases en contra de la Función Judicial.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue recibido con paredes empapeladas de denuncias e intervenciones que reclamaban la rápida resolución de varios casos; aunque, el objeto de la comparecencia era que los magistrados por tercera ocasión se pronuncien sobre los cambios constitucionales que se harán a la Función Judicial.

El empapelamiento hizo que en la mesa 8 de Justicia haya una acalorada discusión entre la mayoría gobiernista y las minorías de oposición. Alberto Acosta (PAIS), presidente de la Asamblea, interrumpió la sesión y pidió a sus coidearios “de favor” que retiren los letreros.

Aparte de las 88 denuncias, en las paredes también estaban pegadas hojas con frases como: “Basta de los mismos...” y  “La justicia no es mercancía”.

Rafael Esteves (antes de SP) dijo que las quejas no significan que los magistrados sean culpables, Mae Montaño (UNO) indicó que la mesa no es una comisaría y que los asambleístas no están para juzgar y César Gracia (PRE) sostuvo que el organismo no era un “mercado”. “Si no creemos en los magistrados, ¿para qué los invitaron?”, agregó Catalina Ayala (SP).

Fernando Vega, presidente de mesa; Gina Godoy, vicepresidenta, y Rosa Elena de la Torre (todos de PAIS) insistieron en que se mantengan las denuncias bajo el argumento de que representan el sentir y la frustración de gente que ya no tiene dónde acudir.

Todos los letreros se quitaron menos el que decía: “La justicia no es para los banqueros”.

Con este antecedente, Roberto Gómez Mera, presidente de la Corte, sostuvo que las denuncias no les asustan, deben seguir su curso. “En el CNJ hay un procedimiento y todas las semanas se destituyen a jueces, se suspenden, se revoca la destitución (...), hemos destituido a cinco titulares y a seis conjueces en base a la denuncia debidamente tramitada”.

Justificó la continuación del concurso para la designación de ministros en las Cortes Superiores, diciendo que no se puede paralizar ni encargar la administración de justicia; aunque, reconoció que hubo irregularidades en cinco casos.

César Rodríguez (PAIS), presidente de la mesa 10, los recibió en la misma tónica, expuso varios casos en los que, a su criterio, se han resuelto mal o han demorado sus pronunciamientos como Tubasec, los bienes en liquidación de Filanbanco.

El presidente de la Corte  dijo que hace quince días se resolvió el caso Banco de los Andes favorable al Estado, está por dictarse la resolución en el caso de la Andrade Gutiérrez, y otros.

Galo Lara (PSP) agregó que la Asamblea debe respetar a la Corte. “Quitar las atribuciones para dárselas al Tribunal Constitucional es convertir a la Corte en títere del Ejecutivo”.

MÁS DATOS: Planteamientos

Posturas
Los magistrados ratificaron su desacuerdo con poner a la Corte Constitucional sobre la CSJ, cambiar su sede a Cuenca, porque en Quito están los organismos con los que interactúan como la Procuraduría y la Contraloría, penalizar los votos de los jueces, desaparecer el mecanismo de cooptación y reducir el número de magistrados. Están a favor de la justicia indígena, la existencia de jueces temporales y la autonomía del Consejo Nacional de la Judicatura, entre otras.