Solo personas jurídicas estatales y comunitarias pueden dar agua, alcantarillado y riego, según informe. El pleno tomará decisión final.

En los artículos que se refieren a los sectores estratégicos y empresas estatales, cuyo debate terminó ayer al mediodía, la mesa 7 de Régimen de Desarrollo propone que los servicios de alcantarillado, abastecimiento de agua potable y riego sean prestados de manera exclusiva por personas jurídicas estatales y comunitarias.

Con esta reforma, compañías como Interagua en Guayaquil, Tripleoro en Machala y Amagua en Samborondón, podrían perder su concesión.

Según un sector de la oposición a PAIS, esta propuesta cierra las puertas a la inversión privada.

La oposición afirma que esta propuesta cierra las puertas a la inversión privada.

El servicio de saneamiento ambiental (alcantarillado), de abastecimiento de agua potable y de riego serán prestados exclusivamente por personas jurídicas estatales y comunitarias.

Así lo estableció la mesa 7 de Régimen de Desarrollo en los artículos que se refieren a los sectores estratégicos y empresas estatales, cuyo debate terminó ayer al mediodía. En la sesión estuvo  el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (PAIS).

Tal reforma excluye a la empresa privada del manejo de ese servicio; es decir que compañías como Interagua  (Guayaquil), Tripleoro (Machala) y Amagua (Samborondón) podrían perder su concesión.

El texto establece una disposición transitoria –que todavía no ha sido sometida a votación de la mesa– que da un plazo de 180 días a partir de la vigencia de la nueva Constitución para efectuar auditorías a las concesiones de agua a empresas privadas. “Aquellas que no se ajusten a lo establecido en esta Constitución serán revertidas al Estado”.

La misma disposición condona las deudas de agua contraídas por los usuarios “de extrema pobreza”.

El artículo señala, entre otros temas, que el Estado tiene la obligación de garantizar la buena calidad del agua, promover alianzas entre lo público y lo comunitario para la prestación de servicios relacionados con el agua y el acceso a un mínimo vital de agua gratuito para consumo humano.

Ricardo Zambrano (PAIS), vicepresidente de la mesa 7, se abstuvo de votar por ese artículo porque considera que la propuesta cierra las puertas a la inversión privada.

Y obligaría a la comisión a efectuar una nueva redacción de la transitoria en la que se explique con claridad qué pasará con los contratos de concesión vigentes o que establezca excepciones para esos tres casos.

Gilmar Gutiérrez (SP) y Roberto Ponce (Prian), que votaron en contra, expresan que el Estado no tiene capacidad económica y logística para dotar de servicios de saneamiento y agua a las comunidades más alejadas; en esos casos necesita ayuda de la empresa privada.

Por la mañana, en una entrevista con este Diario, el primer vicepresidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), aseguró que “la concesión de Interagua deberá continuar hasta el día en que se termine el contrato, siempre que se dé un buen servicio. En ninguna parte del mundo los contratos se interrumpen en una Constitución. La nuestra no será diferente, pero sí será más exigente y hará respetar los derechos de la gente”.

A la par, desde la semana pasada, la Empresa Cantonal de Agua Potable (Ecapag) desarrolla una campaña publicitaria en los medios de comunicación social en la que defiende la concesión del servicio a Interagua y aclara que el servicio no ha sido privatizado. Ambas entidades han invertido un total de  90 mil dólares: la primera, $ 20 mil y, la segunda $  70 mil.

Interagua, asimismo, contrató los servicios de la encuestadora Cedatos para medir el nivel de satisfacción de la gente con el servicio que ofrece.

Ayer, durante un recorrido por las obras que realiza  Interagua en Fertisa y el Guasmo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, defendió la labor de la empresa. “La concesionaria está invirtiendo más de $ 50 millones en los Guasmos, en Trinitaria más de $ 20 millones y el Municipio $ 42 millones en el sector norte, quienes hubiesen tenido que esperar de 10 a 15 años para ese servicio sino tuviéramos la competencia”, advierte.

Nebot volvió a pedir a la Asamblea y al Gobierno que rectifiquen su postura respecto a las autonomías. “Cumplan el compromiso del cambio para bien, y si no es así y lo que nos proponen es atropellar a los ciudadanos y quitarles los servicios urgentes, entonces tenemos que decir No”.

DETALLES: Alcalde

Inversión
El alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, pone en duda que el Municipio pueda seguir invirtiendo como hasta ahora, sin obligación, “porque no podemos hacer cosas más allá de nuestra competencia. No podemos distraer más fondos de los que por obligación tenemos que invertir en libros gratuitos, medicina y pavimentación”.