El Parlamento Europeo (PE) aprobó este miércoles, sin cambios, el proyecto de directiva de retorno de inmigrantes ilegales, que prevé internar a los sin papeles por un período máximo de hasta 18 meses en casos excepcionales.

El texto recibió 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, y salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, los liberales y la derecha nacionalista, que no aceptaron ninguna de las enmiendas planteadas por los grupos de izquierda.

Para algunos grupos supone un progreso y un marco para salvaguardar los derechos de los inmigrantes, mientras que para otros las garantías que ofrece son insuficientes.

El endurecimiento de las medidas contra los indocumentados va acompañado del cambio general de la opinión pública y oficial contra ese sector al que, por ejemplo, Italia culpa del aumento de la delincuencia violenta.

Además, a ese sentimiento de inseguridad pública en algunos países se suma la crisis económica cada vez más grave, que presiona a muchos gobiernos del bloque a adoptar medidas draconianas para proteger los intereses de sus trabajadores.

Conforme a las nuevas directrices, aprobadas ya por los gobiernos de la UE, los indocumentados podrán permanecer detenidos hasta por 18 meses antes de ser expulsados. Los países del bloque deberán proporcionar a esos detenidos derechos básicos, incluyendo acceso a asesoría legal gratuita, y los menores no acompañados o las familias con menores deberán ser detenidas solamente como último recurso.

Algunos países latinoamericanos criticaron la medida por temor a que generen una ola de repatriaciones; ese temor se debe en parte a que sus economías dependen enormemente en las remesas giradas por sus ciudadanos que trabajan en Europa, lo que en algunos de ellos suma una importante fuente de divisas. Empero, los funcionarios de la UE insistieron que la reforma de por sí no ocasionará más deportaciones.

Una vez identificado como indocumentado por las autoridades, el inmigrante tendrá un plazo de 30 días para abandonar voluntariamente el país. Si la autoridad aprecia el riesgo de que huya o no cumpla la orden de expulsión, podrá ser detenido por 6 meses mientras es procesada su deportación.

En casos concretos será posible una extensión de seis meses, por ejemplo ante la negativa del indocumentado a cooperar con las autoridades o si su identidad debe ser verificada con el país de origen. Los expulsados podrán encarar además una prohibición de volver al bloque durante 5 años para los que no cooperen o sean considerados un peligro social.

Hasta ahora, no había una política común de la UE para expulsar a los inmigrantes indocumentados, y los plazos de detención variaron desde 32 días en Francia a la custodia indefinida en Gran Bretaña. la UE calcula que podría haber hasta 8 millones de indocumentados en las 27 naciones del bloque.

España, otro país con abundante población de indocumentados, dijo que considera incrementar el plazo máximo de detención de 40 a 60 días, aunque muy inferior al plazo total permitido.