Si la nueva Constitución entra en vigencia inmediatamente después de ser aprobada en el referéndum, los partidos y movimientos políticos que quieran participar en las elecciones posteriores tendrán que reinscribirse en el registro electoral, cumpliendo los requisitos que establece la disposición transitoria planteada en los artículos que se refieren a la Participación Social y Política debatidos ayer en el pleno.
Es decir que tendrán que presentar un registro de afiliados o firmas equivalentes al 1,5% del padrón de su circunscripción, programa de gobierno, declaración de principios, logos y siglas y emblemas (pueden mantener los mismos, indica el texto).
Si, en cambio, la Constitución entra en vigor con la posesión de las nuevas autoridades el año próximo, las elecciones posteriores al referéndum se realizarían de acuerdo con la legislación vigente (que no obliga a un nuevo registro) o a través de disposiciones especiales dictadas por la propia Asamblea, explica el presidente de la mesa 2 de Participación Ciudadana y Sistemas de Representación, Virgilio Hernández (PAIS).
El texto debatido incluyó una nueva transitoria: El Congreso (o Asamblea Nacional) tendrá un año para desarrollar una Ley de Participación Social y Ciudadana; además de efectuar reformas en las leyes de Elecciones y de Partidos Políticos.
En el debate, el socialcristiano César Rohón planteó que en la transitoria sobre la reinscripción de los partidos se fije un plazo específico para que estos tengan tiempo de recolectar las firmas que necesitan.
En el informe para el segundo debate, la mesa 2 ratificó la posibilidad de que los dignatarios elegidos por votación popular puedan elegirse por una sola vez; es decir que, si el mandatario Rafael Correa, cumple sus cuatro años de periodo, podría volver a candidatizarse y, de ganar, gobernaría ocho años.
Incluyó, entre otros temas, la figura de la iniciativa popular para presentar reformas constitucionales. El proyecto original solo contemplaba para leyes. Además, suprimieron las causales en las que debía incurrir un dignatario para viabilizar la revocatoria del mandato porque lo que tiene que primar, según Hernández, son los principios de legitimidad, credibilidad, confianza y eficiencia.
Esta propuesta fue cuestionada por Rafael Esteves (antes de SP), quien señaló que hay que especificar los motivos por los cuales se plantea la salida de un dignatario, “¿De qué los vamos a acusar entonces?”, sostuvo.
León Roldós (RED) indicó que, si la intención del articulado es fortalecer a los partidos, habría que incluir en la Constitución un capítulo dedicado a sus tribunales de disciplina. “A través de esos tribunales, los dueños de los membretes (partidos) han excluido a los que piensan diferente”, explica el asambleísta, para quien hay que crear un recurso de apelación de expulsiones o sanciones ante el órgano electoral respectivo.
Con las observaciones recogidas ayer, una Comisión especial tiene 48 horas para redactar el texto final sobre el cual se realizará la votación definitiva.
César Rohón
PSC
“En la transitoria se debe fijar un plazo específico para que los partidos tengan tiempo de recolectar las firmas.”