Las buenas intenciones del Ministro de Defensa están destinadas a chocar frontalmente contra un bloque de hormigón. No es la muralla de alguna fortaleza militar ni la pared que pone el espíritu de cuerpo (que generalmente tiene más cuerpo que espíritu). No, el choque se producirá tarde o temprano con la firme posición del Presidente de la República sobre el papel que deben desempeñar los militares. Mientras el Ministro da pasos firmes para sacar a las Fuerzas Armadas de campos que no les corresponde, el Presidente se empeña en mantenerlas allí.
Como sucede con muchas ideas y posiciones del gobierno revolucionario-ciudadano, esta también es heredada de los años setenta, ese periodo en que los militares quisieron hacer la revolución que antes impidieron que la hicieran los civiles. Para lograr ese objetivo asumieron funciones en los campos de desarrollo económico, promoción social y construcción de infraestructura, que en cualquier parte del mundo democrático son responsabilidad de los civiles. De ahí que el asunto no se limitó a la presencia de altos oficiales en los ministerios, sino que institucionalmente las Fuerzas Armadas pasaron a convertirse en empresarias, planificadoras, ejecutoras y promotoras de programas de desarrollo rural, enseñanza básica, atención médica y construcción de puentes y caminos.
Cuando terminó el Gobierno que llevó el barril de petróleo al Templete de los Héroes, quedaron establecidas esas funciones en la Constitución de 1979. Se hablaba de colaboración para el desarrollo económico y social “sin menoscabo de su misión fundamental” (artículo 128). La misma fórmula se repitió casi veinte años más tarde, en la Constitución de 1998 (artículo 183). El único cambio entre ambas constituciones se encuentra en la referencia explícita que hace la primera a la seguridad nacional como justificación de esas funciones, mientras que en la segunda desaparece esa alusión. Era obvio que ya no estuviera porque habían cambiado los tiempos. Las dictaduras que asolaron al continente se ampararon en la doctrina de la seguridad nacional, con lo que esta quedó al desnudo como la ideología de la peor época de América Latina.
Sin embargo, aunque las dos palabras desaparecieron del texto constitucional, el contenido se filtró de contrabando.
El peligro es que ahora se filtre nuevamente. Por obra y gracia de la voluntad presidencial estamos a punto de consolidar ese lastre, esa parte fundamental de la concepción de democracia tutelada. Cuando parece que la Asamblea va a dar un paso decisivo al eliminar la disposición que sostiene que las Fuerzas Armadas son garantes del ordenamiento jurídico y cuando el Ministro de Defensa está haciendo esfuerzos por someterlas a la autoridad política, el Presidente se empeña en mantener la vieja concepción. Reiteradamente habla de unas Fuerzas Armadas comprometidas con el desarrollo, con lo que reproduce fielmente la nefasta doctrina que siempre fue combatida por la izquierda. En esa lucha estuvieron el ministro Ponce y varios miembros del gabinete (no se sabe si también el Presidente), para quienes nunca fue tema secundario por lo que les resultará difícil aceptar que la seguridad nacional ya es de todos.