Quisiéramos que esa sea una buena noticia, pero no podemos sacar esa conclusión porque  aún se reivindican algunas tesis que son un franco atentado contra la libertad de disentir. Quizás la más importante (el texto definitivo todavía no está disponible para el público) sea la de que el Estado podrá controlar el contenido de los medios de comunicación.

Un ejemplo de lo que eso implicaría es la prohibición de difundir videos clandestinos que  impuso el régimen meses atrás, con la que se protege al Estado de posibles acusaciones de corrupción; o la censura a películas y obras de arte  que por su contenido no sean del agrado de la autoridad de turno, algo que ya ocurrió al menos dos veces en Guayaquil.

Hay que seguir insistiendo, pues, para que los asambleístas comprendan que el país repudia los pecados de ciertos medios de comunicación corruptos y espera soluciones, pero que no impliquen perder la libertad de expresión.