El ingreso de turistas, una de las preocupaciones de la Unesco, creció en un 11,5%. El Parque Nacional Galápagos reclama porque la Armada permitió el zarpe de un barco capturado con un cargamento de tiburón, cuya pesca está prohibida en la región. Hay 154 guardaparques por contrato y falta personal para vigilar la reserva.

En las islas hay expectativa y espera por la entrega de 93 nuevos cupos de operación turística.

El número de visitantes a Galápagos pasó de 145.229 en el 2006 a 161.859 en el 2007, lo que significa un aumento del 11,5%, cifra que en este año se superaría. Esto en un periodo en que el Gobierno anunció acciones para frenar ese crecimiento, una vez que el 13 de junio del año pasado la Unesco declaró a las islas Patrimonio en peligro por ese aumento, entre otros motivos.

En la actualidad los problemas que la motivaron siguen presentándose, como la pesca ilegal y los líos jurídicos por la liberación de un barco pesquero sin que el PNG lo sancione. Se espera la entrega de más cupos turísticos.

Entre decenas de yates y barcos turísticos, fondeados en la rada de Puerto Ayora, isla Santa Cruz, se balancean cuatro embarcaciones: Guadalupe River, Sierra Negra, Shoska y Tiburón Martillo. Es la mañana del viernes 5 de junio y las naves no cumplen su tarea de vigilar la Reserva Marina de Galápagos para evitar la pesca ilegal.

Dos días antes, el jefe de control y vigilancia del Parque Nacional Galápagos (PNG), Ricardo Visaira, había hablado de un trabajo sistematizado. “Un alto  número de capturas no necesariamente refleja un mejor patrullaje”, decía.

Pero si las cuatro naves destinadas a la vigilancia están fondeadas, ¿cómo evitar que los pescadores ilegales operen en los 135 mil km² de la reserva marina de las islas? No siempre salen enseguida, deben entrar en mantenimiento, argumentó Visaira cuatro días después.

Esta realidad se presenta cuando ha transcurrido un año desde que la Unesco declarara a Galápagos, el 13 de junio del 2007, como patrimonio en peligro por los problemas generados por la pesca ilegal, la migración y aumento desmesurado de la población, el incremento del turismo y las especies introducidas, y la ingobernabilidad.

Las soluciones para revertir la condición actual del archipiélago casi no aparecen o llegan lentas. Así lo revelan las cifras y opinan los ambientalistas.

Aunque Visaira insiste en que  los controles para evitar la pesca ilegal se hacen con dispositivos satelitales, zonificación de patrullajes y de sitios críticos de pesca prohibida, reconoce otros problemas como la falta de personal, algo que ratifica el director (e) del PNG, Sixto Naranjo.

Él es el segundo funcionario encargado en este año, luego de que el Ministerio de Ambiente removiera a la titular Raquel Molina, en febrero pasado, tras 22 meses de gestión, el periodo más largo en los últimos 5 años, pues entre el 2003 y 2006 el PNG tuvo 15 directores.

“Estamos a un 50% de la capacidad. Lo que se hace es optimizar los recursos”, argumenta Visaira, quien indica que lo ideal para vigilar la reserva marina sería contar solo en Santa Cruz, sede del PNG, con 52 guardaparques. Hoy son 26 y cuatro administrativos.

Pero ahí el personal no toma días libres ni sale de vacaciones desde el 2006. Son 176 patrullajes realizados de enero a abril. En todo el 2007 se hicieron 511. Hay solo dos procesos administrativos por pesca ilegal.

El presidente Rafael Correa, que en abril del año pasado declaró a Galápagos como zona de riesgo y de prioridad nacional, ofreció incrementar el personal. Naranjo indica que este año solo ingresaron cuatro personas. El PNG tiene 224 guardaparques, pero 154 laboran bajo contrato, igual que hace un año.

Sigue la suma de problemas. Este año se repitió una polémica porque varias autoridades reclaman su competencia en diversos casos y eso perjudica a la reserva. A inicios de mayo, la Armada Nacional autorizó el zarpe del barco pesquero Nano, capturado por el guardacostas Fernandina el 26 de abril.

“Lo capturaron aparentemente fuera de la reserva, pero las fibras que arrastraba estaban dentro, con tiburón... Hubo un oficio dando a conocer el hecho, pero mientras iniciábamos el proceso administrativo el barco se fue antes de los 15 días que refería la sanción que ellos habían impuesto”, dice Óscar Cortez, asesor jurídico del PNG.

La Capitanía de Puerto Villamil (Isabela) sancionó a los 28 tripulantes y pescadores con 15 días de prisión, con base al Código de Policía Marítima. La autorización para el zarpe del Nano y las siete lanchas menores que este arrastraba se dio, según la Armada, para evitar que se dañe la carga (100 piezas de pesca blanca y 140 cuerpos de tiburón, cuya pesca está prohibida en la reserva de Galápagos), con la condición de que la sanción se la  cumpla en Manta, donde desembarca la mayoría de la flota que incluso descarga tiburón.

El 7 de mayo, René Carrión, director (e) del PNG, denunció el caso en la Fiscalía Segunda de lo Penal de Galápagos: “Por motivos desconocidos, la Capitanía de Puerto de Villamil emitió la orden de zarpe a favor de las embarcaciones, sin haber sido puesta a órdenes de las autoridades ambientales competentes y tampoco a órdenes del señor Juez de lo Penal de Galápagos, por existir delito ambiental”.

El director (e) actual del PNG asegura que el trámite para establecer sanciones por el caso del Nano, cuyo armador es Marlon Pérez, se sigue en Manta.

Oswaldo Rosero, director de operaciones de Wild Aid, entidad ambientalista que apoya en la vigilancia de la reserva, y funcionarios del PNG sospechan que habría una asociación ilícita entre ciertos pescadores de las islas y los del continente, sobre todo de Manta. Los primeros capturarían tiburón, especie que se concentra en gran número en la reserva de Galápagos, por los arrecifes, y entregarían a los segundos en alta mar.

Hay otra polémica legal. Se trata de la aprobación de un denominado Recurso Extraordinario de Revisión por parte del Ministerio de Ambiente, que facilitó la operación de dos cupos de operación turística con capacidad de 16 personas cada uno en un solo barco, La Pinta, cuya capacidad es de 48 pasajeros.

Por dos ocasiones, el 28 de diciembre del 2007 y 22 de enero del 2008, la entonces directora del PNG, Raquel Molina, negó la solicitud de autorización para la asociación entre Multisevicorp, operadora del barco Mistral, y David Balfour van Hosen y David Balfour Arízaga, dueños del Sulidae, que permitía la operación de La Pinta, de propiedad de Ética, de Roque Sevilla.

Entonces, los interesados apelaron ante el M. de Ambiente. La ministra Marcela Aguiñaga, el 26 de febrero, delega varias atribuciones al director jurídico Yuri Iturralde, como tratar el tema de La Pinta, y ese día él resuelve en favor de los solicitantes. El 3 de marzo, la Dirección del PNG responde que hay errores y el dictamen no se puede ejecutar, pues se confunden los números de cupos de operación con los de patentes (especie de matrícula) y se queja porque un día antes los interesados enviaron un oficio anticipando la aprobación.

El 4 de marzo, el Ministerio de Ambiente rectifica la resolución aduciendo un lapsus calami (error o tropiezo involuntario e inconsciente al escribir). El día 11, el Ministerio reforma esa resolución y facilita el acceso de La Pinta sin que salgan los barcos que operaban con los cupos asociados, pues el Sulidae se lo vendió para cabotaje y el Mistral tenía problemas mecánicos.

Molina considera que la rectificación del 4 de marzo y la reforma del día 11 no debieron darse, “ya que la resolución del 26 de febrero ya estuvo ejecutoriada, pues pasaron los tres días hábiles que cita la Ley”.

Molina fue removida de su cargo el 6 de marzo, en medio de la polémica por el ingreso de La Pinta. Luego de la autorización del Ministerio este opera ahora con permiso para 32 pasajeros.

A un año de la inclusión de Galápagos en la lista de patrimonios en peligro, sigue el crecimiento del ingreso de visitantes a las islas, lo que genera presión a la reserva y es agente de acceso de especies foráneas. En el 2006 accedieron 145.229 turistas, y 161.859 en el 2007, lo que significa un alza del 11,5%.

Fabián Zapata, gerente del Ingala, y Leopoldo Buchelli, alcalde de Santa Cruz, aseguran  que no todos son turistas, sino funcionarios de distinta índole.

Pero el director de operaciones de Wild Aid lamenta que no haya un desglose correcto. “Siempre nos dicen no hay presión, pero que nos digan cuál es el número ideal de turistas que deben entrar”, menciona.

Decreto
El presidente Rafael Correa  declaró en abril del 2006 a Galápagos  zona de riesgo y puntualizó algunas acciones. Así avanzan:

Conservación
El Ingala ofreció entonces elaborar, en 30 días, un informe de indicadores sobre la conservación y desarrollo sustentable de las islas. Según Fabián Zapata, gerente del Ingala,  se está creando ese informe con cuatro ejes: ambiental, social, económico e institucional. Estará en unos tres a cuatro meses.

Control de especies
Se busca crear el fondo fiduciario de $ 15 millones. Los intereses servirán para ejecutar un plan de control. Hay 9 millones recaudados. El Ingala determinó que toda aeronave solo debe volar de Quito y Guayaquil. En enero se aprobó el sistema de control marítimo de carga y  regirá desde enero del 2009.

Patentes turísticas
No se suspendió la entrega de patentes, como preveía el decreto; más bien se prepara la adjudicación de 94 nuevos permisos. Tampoco se suspendió la autorización de nuevas operaciones aéreas.

Residencia
En septiembre se aprobó el reglamento para control de residencia. No se suspendió la entrega de permisos de residencia.

Devolución de ilegales
Más bien se regularizó a 1.880 personas. Hasta la fecha salieron 710 en forma voluntaria y 30, obligadas. Se  implementó la tarjeta de control de tránsito.