Solo cuatro de los 11 reglamentos que se requieren para la aplicar la Ley Especial en Galápagos se han elaborado desde que hace diez años se promulgó dicha norma. Al último de esos cuatro, el que regula la migración, recién se lo aprobó el año pasado, una vez que la Unesco incluyó al archipiélago en la lista de patrimonios en peligro.

Este reglamento avaló medidas para controlar el ingreso de migrantes, como la emisión de la tarjeta de control de tránsito, que tiene un costo de 10 dólares. Con base a este reglamento se llevó a efecto un proceso de regularización de migrantes ilegales; 1.880 personas lograron legalizarse. Posteriormente los controles llevaron a deportar a 740 personas: 710 salieron en forma voluntaria y 30 por exigencia de la fuerza pública.

No obstante, según datos de Orlando Romero, director provincial de Migración de Galápagos, hay unas 2.000 personas que aún están en estado irregular, esto significa alrededor del 10% de los habitantes, que serían migrantes y que desempeñan actividades clandestinas de agricultura, construcción o domésticas.

Entre los siete reglamentos que están pendientes se encuentran el de impacto ambiental, que fija los procedimientos para toda obra en las islas, de tal manera que se puedan establecer mecanismos de remediación o previsión ambiental; y el reglamento que norma las actividades agropecuarias en las islas.

Respecto al de introducción de vehículos y maquinaria, el año pasado se declaró una moratoria al ingreso de estos, mas se terminó, y sectores ambientalistas temen que se repita lo de hace dos años, cuando entraron cientos de automotores. Están también los reglamentos de tráfico marítimo en la reserva.