Veinte veces ha viajado hasta la Isspol de Quito en los últimos 24 meses y hasta ahora su pedido no tiene respuesta. Ya son dos años que esa entidad dejó de pagarle la pensión por montepío a María Eulalia Galarza, cuyo esposo, el policía Nelson Procel, falleció al impedir un robo en El Triunfo, en 1999.

La mujer dice que la suspensión del beneficio se dio por un problema con su documentación. “Antes de unirme a Nelson yo estuve casada por un año y me separé legalmente. Sin embargo, en mi cédula no constaba que era divorciada”, señala María, quien indica que recién  hace dos años el Registro Civil reconoció su estado civil.

Sin embargo, cuando presentó la nueva cédula a la Isspol  esta suspendió el pago de sus pensiones. “Me dijeron que yo había mentido para cobrar el dinero, que tal vez yo nunca conviví con Sergio y amenazaron con quitarme algún bien que tenga”, manifiesta indignada.

Cuenta que ha tenido que endeudarse para poder tramitar su caso y mantener a las dos hijas que tuvo con Procel (de 10 y 13 años); cada una recibe apenas $ 90 de la Policía.

“Son $ 180 mensuales, eso no alcanza para nada y para colmo me quitan mi derecho como viuda”, expresa la mujer, quien agrega que su esposo trabajó diez años en la institución.

Ella y sus niñas habitan con su madre, en la cooperativa Casitas del Guasmo, donde trabaja en un puesto de comidas de su familia.

“Mi situación refleja las injusticias con que tratan a las esposas e hijos de los policías que mueren, a quienes ni siquiera se les da una beca”, se queja.