Los agentes no tienen seguros de vida, pese al riesgo. En  UPC y cuarteles no hay aún cambios.        

En la coop. Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, la esposa y las dos hijas de Omar Rodolfo Proaño Marín, policía que fue asesinado con un tiro por un delincuente hace diez días, subsisten con la ayuda de su familia.

La institución policial, que solo cubrió los gastos mortuorios, no cuenta con un seguro de vida para los uniformados. Así lo reconoce  el coronel Édison Ramos Rodríguez, quien hace cuatro días asumió la jefatura del Comando Guayas, donde hay 6.103 uniformados.

Pese a que la emergencia policial tiene ocho meses, los gendarmes dicen que no hay mejoras.

Amargas depresiones, lágrimas que fluyen con facilidad, preguntas sin respuestas al por qué tuvo que morir justo cuando hacía planes para casarse; y la falta de recursos económicos, invaden el hogar de Proaño, el último policía víctima de la delincuencia en Guayaquil. Un tiro en el cuello, cuando intentaba detener a cuatro asaltantes que se transportaban en un taxi amarillo mientras patrullaba  el sector centro-sur de la  ciudad, extinguió su vida.

Pasa el tiempo y el dolor aumenta para su esposa, Janeth Angulo Meza, quien -dice- cada madrugada se desvela por la ausencia del hombre al que estuvo unida durante once años; también por preocupación, pues ahora deberá guiar sola a sus hijas, Karla y Omayra, de 9 y 7 años, quienes pese a su edad parecen comenzar a comprender lo que significará la ausencia de su padre, un hombre al que dicen admirar, pero a quien no emularán “porque es muy peligroso ser policía, los matan”, expresa la menor de las niñas.

“Mamita, quiero ser modelo y estudiar para ayudarte”, dice la mayor, mientras acaricia el rostro triste de su madre. Ella la escucha, y cuenta que hoy subsiste con ayuda de su familia, pero también con lo poco que su suegro, Omar Proaño, gana vendiendo frutas en Los Vergeles, donde ella y su esposo lograron levantar una pequeña casa.

“Al menos tenemos un techo, pero no sé si él tenía un seguro de vida.
Lo único que sé es que las niñas recibirán algún dinero. No sé cuánto, peor cuándo. Fue lo que me dijo una trabajadora social de la Policía que vino. Dicen que debo tramitar todo en Quito, pero no sé cómo si no tengo plata para viajar tantas veces”, dice, y cuenta que no solo ella enfrenta una situación difícil, sino también su suegra, quien vive en la  parroquia Picoazá de Portoviejo, Manabí.

Pese al riesgo que enfrentan a diario en su labor, los uniformados no cuentan con un seguro de vida. Lo único que respalda el riesgo de su trabajo es un fondo que,  basado en el artículo 87 de la Ley de Seguridad Social, ahora lo reúne el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol); y que para la familia de Sergio Echeverría Mex,  gendarme que falleció en  un accidente de tránsito en enero pasado mientras cumplía sus labores en la madrugada, significó  apenas 1.300 dólares.

“Desde que recuerdo, la Policía ha buscado que alguna aseguradora dé servicio para proteger a sus hombres, pero parece ser que por el alto índice de fallecidos en la institución (12 han muerto en lo que va del año) nadie quiere hacerse cargo”, indica el coronel Édison Ramos Rodríguez, quien hace cuatro días asumió la jefatura del Comando Guayas, donde hay 6.103 uniformados, de los más de 42 mil que existen.

Pese a la emergencia que en octubre pasado decretó el Gobierno, para mejorar las áreas de infraestructura, comunicaciones, medios logísticos, investigación científico forense, policía comunitaria; y,  bienestar y seguridad social, en Guayaquil gendarmes y sus familias dicen que no ven ninguna mejora. Ni siquiera les han entregado los uniformes del 2007 y la homologación salarial, decretada en el gobierno de Alfredo Palacio, tampoco llega a todos.

Otro ejemplo de las falencias es la situación en que los policías trabajan en las unidades de Policía Comunitaria (UPC), lugares que en su mayoría son construidos por los comités barriales y que se convierten en el “hogar” del uniformado, quien permanece ahí las 24 horas del día en periodos de hasta dos semanas. Aún no entran en vigencia los turnos diarios de 8 horas, objetivo del plan de seguridad y modernización de la Policía.

“Aquí lavo mi ropa, me baño, duermo y a veces hasta cocino”, comenta un suboficial con más de un cuarto de siglo en la Policía, y muestra la poca protección que tiene en la UPC con paredes de madera. “Si quieren atacarnos nos acaban fácilmente. No hay seguridad”, refuta.

Hasta un oficial de alto grado, que prefiere proteger su identidad, critica que no lleguen las mejoras, pese a la emergencia. “Vivimos en un pulguero”, sostiene al referirse al cuartel en el que está al momento, pero prefiere evitar las fotografías del lugar por temor a una sanción superior. “Sería algo contra el Gobierno”, indica el oficial.

Cuando analiza esta situación Ramos considera que es por la falta de recursos, “debido a que los trámites burocráticos son demasiado lentos”. Para él, sí hay predisposición estatal para modernizar  la institución.

Víctor Iza, abogado de la Fundación Centinela, que asesora legalmente a policías, indica que el Isspol también descuenta el 2,5% para atención de maternidad, pero en los hospitales que la institución tiene en Quito y Guayaquil no se presta ese servicio, sino que las esposas deben ir a centros privados.

En el artículo 87, indica Iza, también se señala que el 1% de los sueldos se retiene para financiar viviendas, aportaciones que -según el artículo 74-, deben ser devueltas en su totalidad si  el policía se retira de la institución sin haberlo usado, pero eso no se está dando. Él ha enviado  al menos cien pedidos de devoluciones y todavía no ha recibido respuesta alguna.

“Un mando policial humanizado” fue lo que  pidieron hace unos meses altos oficiales de la Policía, quienes incluso propusieron se dé seguros de vida a sus hombres; sin embargo, eso aún no se resuelve y las familias de quienes caen cumpliendo su labor,  como Proaño Marín, se quedan “en el aire, sin protección inmediata alguna”,  sostiene su compungida esposa.

“Señor” por “mi”
El jueves pasado llegó a Guayaquil la comunicación de la Comandancia General de la Policía en la que indicaban que los uniformados no deberán llamar “mi...” sino “señor...” a los superiores. Por ejemplo, “señor general” o “señor comandante”.

Uniformes
En Guayas, según la Comandancia Provincial hubo un retraso en la entrega de uniformes, por eso aún no reciben los del año pasado.

Sueldos
“No nos ha llegado ningún aumento salarial todavía, pero nos han indicado que vendrá con retroactivo”, dijo un subteniente de la Policía.

Jubilados
Entre los policías pasivos hay  molestia porque se suspendió la homologación salarial; las autoridades indicaron que algunos ganaban más que los uniformados activos.

Opiniones

Édison Ramos Rodríguez
Jefe del Comando Guayas
“Parece que por el alto índice de fallecidos nadie quiere hacerse cargo de asegurarnos”.

Janeth Angulo Meza
Viuda del policía Omar Proaño
“Dicen que debo tramitar todo en Quito, pero no  tengo plata para viajar”.

Teresa Ibarbo
Viuda del policía Sergio Echeverría
“El policía y toda su familia se sacrifican, pero  ese esfuerzo no es reconocido. Nadie los valora”.