Ecuador buscará acuerdos con sus acreedores para renegociar o canjear la deuda externa que el Gobierno considere "ilegítima", pero las autoridades no descartan suspender el pago de sus obligaciones si es imposible alcanzar un consenso, dijo un auditor gubernamental.
El presidente Rafael Correa resucitó la semana pasada los temores del mercado, tras afirmar que anulará la deuda que se pruebe ilegítima por una comisión que conformó el año pasado para revisar todos los pasivos del país.
El mandatario retomó los argumentos con los que sacudió los bonos ecuatorianos en el 2007 y aseguró que no pagará los créditos suscritos por funcionarios corruptos de anteriores Gobiernos o en condiciones injustas para el país.
Franklin Canelos, vicepresidente del grupo de expertos que audita la deuda ecuatoriana, dijo en una entrevista que la Comisión ha encontrado operaciones ilegítimas en casi todos los tipos de deuda emitida por el país andino, aunque los resultados definitivos se publicarán a mediados de julio.
"No tendría sentido que el Gobierno decidiera unilateralmente, todo sería consensuado. Hemos hablado de canje, condonación y la posibilidad de negociación con los acreedores de las condiciones de crédito", dijo Canelos, en referencia a las opciones que presentarán al Gobierno.
"Otra posibilidad sería judicializar las deudas en caso de que no hubiera la flexibilidad para sentarse a negociar", agregó el experto, que rechazó vincular a la comisión con una ideología y calificó su trabajo de "técnico".
También Correa podría decidir suspender los pagos de algunos créditos, dijo Canelos. "Pero no creo que el Gobierno vaya a declarar la suspensión de pagos de toda la deuda", indicó.
Al preguntársele específicamente por los bonos Global de Ecuador, dijo que las autoridades no descartarían una suspensión en los tramos que sean calificados de ilegítimos, de lo que aseguró se han encontrado indicios, ya que se realizaron negociaciones irregulares entre funcionarios y tenedores de bonos.
"El Gobierno puede utilizar diferentes estrategias con diferentes deudas (pero) el presidente tiene la última palabra", aseguró el auditor, un economista de 64 años, segundo en la comisión que preside Ricardo Patiño, quien atemorizó al mercado con un "default" cuando era ministro de Finanzas.
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