La petrolera española Repsol-YPF demandó a Ecuador ante un tribunal arbitral ligado al Banco Mundial por la aplicación de una reforma legal que la obliga a entregar casi la totalidad de los ingresos extras por los altos precios del crudo, dijo este jueves la compañía.
El reclamo de Repsol-YPF REP.MC ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se suma a los de otras petroleras extranjeras por una ley que aumenta al 99 por ciento la participación del Estado en las ganancias extraordinarias por el precio del crudo.
Con la demanda, "aspiramos a llegar a acuerdos e inmediatamente se retirarían los cargos. Hay la voluntad de hacerlo y aspiramos que esa voluntad también venga del Gobierno", dijo Federico Cruz, portavoz de Repsol-YPF en el país andino.
La medida fue presentada el 9 de junio y busca la integración de un tribunal arbitral para neutralizar los efectos de la norma, que fue aprobada en el 2006 con un reparto inicial de al menos 50 por ciento de los ingresos entre las privadas y el Estado.
Sin embargo, en el 2007, el presidente Rafael Correa elevó la participación estatal al 99 por ciento, lo que generó descontento y críticas de las petroleras extranjeras.
La demanda de Repsol-YPF incluye a los socios minoritarios del bloque operado por la firma española, del que extrae unos 60.000 barriles día (bpd).
No obstante, la empresa estadounidense Murphy Oil corp MUR.N, socio minoritario de Repsol-YPF en el bloque 16, presentó una demanda de manera individual en contra de Ecuador, con el mismo reclamo en abril, según medios locales.
Repsol-YPF pagó desde el 2006 hasta inicios de junio del 2008 unos 529 millones de dólares por efectos de la ley.
LLUVIA DE DEMANDAS
Desde la vigencia de la reforma, las petroleras han cancelado en conjunto unos 1.500 millones de dólares, según datos del Ministerio de Petróleo, pero también han optado por demandar a la nación sudamericana.
Las petroleras panameña City, la francesa Perenco y la estadounidense Burlington tienen demandas ante el CIADI, amparándose en los tratados de protección de inversiones que Ecuador tiene con los países donde se encuentran sus matrices.
Además, la estadounidense Occidental OXY.N presentó una demanda ante el tribunal por la confiscación de sus activos en mayo del 2006 por el Estado.
El reclamo se presenta en momentos en que Correa negocia con las firmas el cambio de modalidad contractual de participación a prestación de servicios, para obtener mayores beneficios para el Estado.
"Correa definitivamente corre el riesgo de alejar a inversionistas existentes en el sector petrolero, a menos que este dispuesto a renunciar a los contratos de servicios", dijo Patrick Esteruelas, analista de Eurasia Group en Nueva York.
Ecuador produce unos 500.000 bpd, incluida la participación de la estatal Petroecuador y de las compañías privadas.
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