Debate.

La Asamblea   debatió  ayer la necesidad de incluir un texto para dar más fuerza legal al Defensor del Pueblo, a fin de que las resoluciones que emita sean vinculantes.

El debate sobre ese tema se abrió cuando la sala conoció el informe de la mesa 1 de Derechos Fundamentales, donde se plantea además que  el próximo defensor durará cinco años  y no se admite la reelección.

La entidad será una institución de derecho público que se encargará de la protección de los derechos humanos,  autonomía funcional, potestad para conocer los casos de violación a los derechos de los ecuatorianos en el extranjero y realizar las acciones necesarias, a fin de proteger tales derechos. El funcionamiento de la Defensoría será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia.

Asambleístas como Luis Hernández (RED), Iván Rodríguez (PAIS), Rafael Esteves (antes PSP) y Martha Roldós (RED) plantearon que las resoluciones de la Defensoría sean vinculantes en su ejercicio de vigilar el funcionamiento de los servicios públicos y privados, y de proteger los derechos de usuarios y consumidores.

Roldós cuestionó los textos  y expresó que son muy débiles, no obstante anunció que junto a la asambleísta María Paula Romo (PAIS) esperan plantear cambios.