Creo que la existencia y funcionamiento de la Asamblea Constituyente actual ha permitido a la ciudadanía dar unos cuantos pasos adelante en el ejercicio de sus derechos.

Aunque no siempre sean atendidos oportunamente, analizados o aceptados sus planteamientos, por lo general ha tenido la oportunidad de hacer conocer sus inquietudes, propuestas y objeciones, concurriendo a la sede o a reuniones en otras ciudades, enviando misivas, incluso por correo electrónico.

Ahora, si tiene acceso a un televisor, a través del canal estatal, puede conocer qué ocurre en las sesiones del plenario, pues son trasmitidas en señal abierta y por canales pagados, con lo cual se ha conseguido el objetivo que propuse en mi artículo ‘¿Testigos de las sesiones?’, que publicó EL UNIVERSO, el 23 de julio de 1997.

Como testigo, puede dar fe de la forma como se expresan quienes están en el uso de la palabra y cómo reaccionan los demás, pues la cámara no solamente enfoca a la persona que habla, sino también a algunas del resto, que escuchan o deberían escuchar y, además, muestra los puestos vacíos.

Si hace un seguimiento al desarrollo de varias sesiones, puede colegir el modo de pensar y sentir no solamente de sus representantes, a quienes eligió, sino también de los demás, que no eligió, aquilatando su grado de cultura social, política, jurídica y económica, así como su coherencia ética e intelectual.

Gracias también a los otros medios de comunicación, puede percatarse la pluralidad de opiniones y de criterios, que incluso dividen y hasta separan a los integrantes de los bloques de asambleístas que se han formado.

Esta última constatación le sirve para confirmar la necesidad de la formación de verdaderos partidos políticos que tengan un ideario al que se ciñan sus integrantes, para que luego no haya sorpresas por planteamientos alejados de los principios enunciados en sus estatutos y planes de acción y votaciones contradictorias con ellos.

Ahora ya puede saber quiénes han votado a favor, en contra, se han abstenido o se han ausentado al momento de decidir, porque hay un sistema electrónico que lo registra, del cual se puede pedir certificaciones.

Este cambio de modalidad de la forma de expresión de la voluntad le permitirá determinar irrefutablemente a los responsables del establecimiento de normas que considere dañinas o que hayan impedido otras que considere favorables.

Sobre esto último escribí ‘¿Oligarquía legislativa?’, que publicó EL UNIVERSO, el 9 de febrero del 2000, con el propósito de demostrar la dificultad de establecer quiénes fueron los que, en el Congreso, reformaron el artículo 25 de la Ley de Régimen Monetario y del Banco del Estado.

Todos estos cambios positivos a favor de la ciudadanía, particularmente la transmisión de las sesiones y la constancia de las votaciones, que abonan a la transparencia y seriedad de la actuación de un organismo colegiado, elegido por el pueblo, así como al ejercicio del derecho ciudadano a la información, ¿deberían lograrse también en todos los consejos provinciales y concejos municipales? ¿Sería tan amable en darme su opinión?