Los Gobiernos de Ecuador y Estados Unidos han iniciado conversaciones para establecer "una agenda bilateral constructiva", informó hoy la Cancillería ecuatoriana, tras un periodo de importantes diferencias políticas y económicas entre los dos países.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador señaló que está analizando con el Departamento de Estado de EE.UU. "los temas más importantes de la relación bilateral".
Estas conversaciones tienen como objeto "establecer un mecanismo formal de discusiones que permita desarrollar en el futuro programas y proyectos de mutuo beneficio, en todos los ámbitos en los que se desenvuelve dicha relación".
Según la nota, en una reciente visita a Quito el subdirector de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, Andrew Bowen, se reunió con responsables de la Cancillería ecuatoriana para "analizar los posibles contenidos que podría tener un diálogo amplio bilateral".
El viaje de Bowen supuso el inicio de un "proceso de conversaciones necesarias para reorientar una relación bilateral donde prime el respeto mutuo y los más altos intereses nacionales", indicó el Ministerio de Exteriores.
Política antiestadounidense
Antes de la llegada de Rafael Correa al poder, con el anterior Gobierno del presidente Alfredo Palacio, se suspendieron en 2006 las negociaciones entre Quito y Washington para un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.
Correa, que asumió la Presidencia el 15 de enero de 2007, anunció en su campaña que no firmaría un TLC con Washington, al considerarlo perjudicial para su país, y también dijo que no renovaría el acuerdo de uso de la Base Aérea de Manta, en el oeste ecuatoriano, por parte de EE.UU. para la vigilancia aérea del narcotráfico en la zona.
En materia comercial, Correa y su Gobierno han atacado a los organismos financieros multilaterales, tanto al Banco Mundial (BM) como al Fondo Monetario Internacional (FMI), y criticado el sistema de arbitrajes sobre inversiones extranjeras, defendidos por Washington.
Correa también ha acusado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. de infiltrarse en los servicios de inteligencia militares y policiales de su país y ordenó una reestructuración de estos departamentos, que consideró "sometidos" a las directrices de Washington.
Además, ha arremetido contra la política exterior del presidente estadounidense, George W. Bush, que considera "guerrerista", en referencia a la invasión de Iraq y a la estrategia de ese país en materia migratoria.