La Mesa 6 de la Asamblea Nacional Constituyente presentó para primera discusión en plenario la Soberanía Alimentaria como un derecho de los y las ecuatorianas.

Por medio de este derecho se busca que el Estado impulse políticas públicas que garanticen la producción, provisión, distribución y comercialización de alimentos, especialmente de aquella originada en las pequeñas y medianas unidades de producción y de economía solidaria. Entre las políticas que pregona el articulado está la protección arancelaria, el apoyo a la dotación de activos productivos, políticas de protección ecológica y el impulso a la diversificación productiva.

La idea de soberanía y su concepto cercano, el de seguridad alimentaria, debe pensarse siempre en dos dimensiones: la producción de alimentos y la accesibilidad de los mismos para los consumidores. Un país debe tener en primer lugar alimentos suficientes, quizás en su mayor parte producidos nacionalmente o capacidad de importar aquellos que por diversos factores no produce localmente. Pero, por otro lado esos alimentos deben ser asequibles a los consumidores en precio, oportunidad y calidad. Si estos dos elementos de seguridad alimentaria no están presentes, difícilmente se puede hablar de ella.

La historia agraria reciente del país está llena de ejemplos de que cuando se castiga la producción alimentaria por medio de controles y ausencia de programas de apoyo, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de los consumidores, comenzando por los pequeños productores ellos mismos. También lo está cuando los ingresos de los consumidores pobres son insuficientes o hay problemas de desempleo y subempleo; en este caso la población reduce o empeora la calidad de su nutrición.

Hace muchos años, hacia 1950 una Monografía de la Provincia de Pichincha, destacaba cómo los productores campesinos vendían sus productos de mayor valor alimenticio, para adquirir productos más baratos. En un estudio sobre Saraguro, un investigador chileno describía cómo en los 70 y 80, las comunidades indígenas habían reemplazado sus maizales por potreros, donde se criaba ganado para la producción de quesillo, un bien valorado en la provincia de Loja. Se reemplazaba el maíz con arroz o fideos. En fin, los problemas que enfrentan las amas de casa estos días tienen que ver con ingresos insuficientes para adquirir alimentos cuyos precios han aumentado considerablemente.

Hoy en día los alimentos tienen altos precios en los mercados mundiales por factores estructurales: crecimiento de la demanda en países como China e India, reducción de la oferta por políticas que impulsan la producción de biocarburantes e impactos del ya presente cambio climático. La soberanía alimentaria solo puede provenir de una decidida política de apoyo a la producción nacional de alimentos, aprovechando el incentivo natural de los precios. Tampoco se ayuda a lo alimentario, si no hay políticas de apoyo al empleo y mejoras de productividad, que redunden en mejores ingresos de las familias.

Así que deberíamos abocarnos no solamente a escribir buenos conceptos de seguridad alimentaria, sino de examinar si las prácticas gubernamentales son coherentes con estos nuevos derechos para la población.
Me parece que al menos en lo que hace a seguridad alimentaria, hay una contradicción flagrante. Apoyo a la producción alimenticia, decidido impulso al empleo remunerado y eventualmente incremento en el bono de desarrollo humano deben ser los 3 pies de la estrategia para la seguridad y soberanía alimentaria.