El oficialismo en la Asamblea no solo mantendrá el monopolio de la Seguridad Social obligatoria para el Estado, sino que también eliminará toda posibilidad de que los afiliados puedan escoger entre lo público y lo privado, como establece la Constitución de 1998.

La mayoría en la mesa de Régimen de Desarrollo acabará con la actual disposición constitucional, de que esta “se prestará  con la participación de los sectores públicos y privados”. “Eso tiene que cerrarse, la seguridad tiene que ser responsabilidad del Estado, como lo ha sido en los países que han logrado éxito en el manejo”, señaló  Jaime Ruiz (PAIS).

“Que haya problemas administrativos y de corrupción no quiere decir que el Estado sea un mal manejador de las cosas públicas”, dijo para justificar la eliminación de la participación privada en el seguro social obligatorio, cuya aplicación en la ley fue frenada con un recurso de amparo presentado por  organizaciones sociales.

Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya), de esa mesa,  comentó que mantener el sistema actual, “público y monopólico” es un error. “Yo no sé si, desde el punto de vista constitucional, se está violando principios de progresidad, al cerrar el espacio a la participación privada”, señaló.

Norman Wray (PAIS) agregó que la inclusión del Banco del Afiliado es una posibilidad que permitirá una mejor distribución de los recursos, y ratificó que “la seguridad social y el régimen de pensiones es un tema de manejo público”.

Ese movimiento de Gobierno no hará nada ante las últimas denuncias en el Instituto, bajo argumentos de “los problemas del IESS son del IESS”, respeto a su autonomía y los “detalles administrativos” no pueden ser tocados en la Constitución. Habrá una reunión entre representantes del Gobierno y de la Asamblea para dejar el texto sobre Seguridad Social listo para el primer debate en el pleno, la próxima semana.