El procurador síndico del cabildo, Manuel Castro, renunció el jueves. Asumió Luis Argudo.

La Comisión Anticorrupción también responsabilizó a miembros del Comité de Contrataciones: Nicolás William Saverio, de Obras Públicas; Gabriel Rojas Pincay, director financiero; y  Aurelio Pineda Martillo, entonces procurador síndico (e). En su informe señala que la alcaldesa evadió el proceso licitatorio, realizando varios contratos por valores inferiores al monto mínimo que requiere cumplir este requisito.

Dalton Narváez, alcalde (e),  justifica la contratación basándose en una declaratoria de emergencia de agua potable en Durán en el 2000, pero el contrato es para alcantarillado.

La adjudicación de otro contrato, esta vez para comprar una cargadora retroexcavadora, fue también identificada por la CCCC como otra anomalía en marzo del 2006. La alcaldesa invitó a las empresas que oferten una retroexcavadora marca Caterpillar (según el reglamento de contrataciones no se debe indicar marcas), que solo la tiene la empresa Iiasa.

Entre los concejales hay quienes atribuyen estas acusaciones a intenciones de obtener réditos políticos con miras a las próximas elecciones. “Durán es el tercer cantón más poblado del país, hay políticos interesados en la alcaldía”, dice el concejal Arturo Fernández, del Prian. Esto, aclara, al margen de la situación judicial de Mariana Mendieta. “Cada quién debe responder por sus actos”, dice.

Hay otros concejales, los de oposición, que desde hace años reclamaban que la Contraloría fiscalice la gestión de la alcaldesa. “Esto se veía venir, pero no se sabía cuándo. Antonio Gagliardo (fiscal) encontró las carpetas que estaban en el congelador o debajo del asiento”, dice Alexis Altamirano, concejal del Partido Social Cristiano.

Además de la orden de prisión por coyotaje, Altamirano se refiere a las acusaciones por las que Gagliardo pidió la prisión de la alcaldesa, una de ellas investigada por la Contraloría, entidad que la denunció ante la Fiscalía por irregularidades en otro contrato, el de la construcción del mercado municipal. Durante esa obra, entre el 1 de julio del 2003 y el 30 de junio del 2007, la Municipalidad emitió 23 órdenes de trabajo para el contratista José Martínez Bedoya, por 170.827 dólares. La irregularidad, según la Contraloría, radica en que, por el precio, se debió convocar a un concurso público y no –dicen concejales de la oposición– elegir “a dedo” a los contratistas.

Los últimos tres años, el Municipio de Durán ha dedicado unos 10 millones de dólares (este año son 13 millones) a obras públicas, la mayoría de las cuales se hacen mediante contrataciones. Los contratos, antes de firmarse o adjudicarse, se someten a un análisis del procurador síndico de la entidad, otra instancia de responsabilidad.

En los últimos ocho meses, quien ha asumido estas funciones ha sido el abogado Manuel Castro, pero el jueves pasado presentó su renuncia porque consideró que ya era hora de volver a su cargo como subprocurador en el Consejo Provincial. En su lugar, retomó el despacho el anterior procurador Luis Argudo.

Opiniones

Arturo Fernández
CONCEJAL DEL PRIAN
“Durán es el tercer cantón más poblado del país, hay políticos interesados en la alcaldía”.

Alexis Altamirano
CONCEJAL PSC
“Esto se veía venir, pero no se sabía cuándo. El fiscal encontró las carpetas  en el congelador”.