El juez primero de lo Penal de Pichincha (suplente), Guillermo Solís Tacán, inició un segundo proceso penal, con orden de prisión preventiva, en contra de Cao Lay Muñoz, supuesto hombre del maletín y principal implicado en el caso sobre la presunta compra de conciencias en la Asamblea.

A más de Muñoz, la resolución del 2 de junio vinculó en el mismo delito a Bolívar López. Los dos fueron acusados por la Fiscalía de cohecho (ofrecimientos tendentes a corromper a un funcionario público), infracción sancionada con una pena de tres meses a más de un año de prisión.

El nuevo proceso se fundamentó en los documentos contenidos en 1.039 copias certificadas, que la Fiscalía recopiló en las investigaciones del caso de supuesto atentado a la seguridad interna del Estado, que se habría perpetrado al intentar comprar conciencias.

Al dictar la orden de prisión preventiva en contra de Muñoz y López, el juez aceptó los argumentos de la Fiscalía, que determinó la existencia de indicios suficientes del cometimiento del delito, que se conoció por la denuncia del asambleísta Gabriel Rivera (PAIS).

Tras la decisión del juez, que se dio al término de la audiencia de formulación de cargos, la defensa de López planteó un recurso de apelación, en un intento por dejar sin efecto la orden de prisión preventiva.

Este recurso deberá ser resuelto por una sala penal de la Corte Superior de Quito.

Según Carlos Tapia, abogado de López, la decisión del juez violó normas legales, cuando omitió argumentar debidamente su resolución. Además, dijo, se basó en un informe pericial de las grabaciones del intento de la supuesta compra de conciencias, que aún no está terminado.