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SÁBADO | 7 de junio del 2008 | Guayaquil, Ecuador
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¡Basta ya Conesup y resuelva el caso de la Jefferson!

Leí la carta del martes 27 de mayo, de dos universitarias que denunciaban a las autoridades del Conesup (Consejo Nacional de Educación Superior) de que no recibían sus títulos de diseñadoras industriales de la Universidad Jefferson. Eso es absolutamente verdad.

Yo también estudié en dicha institución desde 1999 hasta el 2004 la carrera de diseño industrial. Ya al finalizar mis estudios se presentaron problemas en la universidad, la misma que fue intervenida. Siempre se dijo que los trámites para una pronta solución estaban por darse; lo cual, cuatro años después, no ha sucedido. Ese centro de estudios a pesar de estar intervenido siguió ofertando carreras y matriculando estudiantes, y el Conesup fue incapaz de poner mano dura y sancionar las anomalías que se daban.

En mi caso, un sinnúmero de ocasiones he remitido cartas al Conesup para que esclarezca y se dé por terminado este problema con una solución justa y satisfactoria, pero parece que el interés en este suceso es nulo y de poca importancia. Además de que presenté la queja Nº 179-Daslg-2006 a la Defensoría del Pueblo, el asunto hasta ahora sigue sin investigación y menos, hay dictamen alguno.

Existe daño moral, económico y profesional, por no poder ejercer nuestra profesión. ¿Quién sanciona a los culpables de tal perjuicio? ¿A quién hay que recurrir?

Diana Fernanda Ospina Castellanos,
Guayaquil

 

¿Mejoraremos con decretos?
Los precios siguen subiendo y como es costumbre, iluminadas autoridades buscan a quién echarle la culpa.

La partidocracia, los pelucones, los Estados Unidos..., quizás están muy desgastados; mejor hagamos una cumbre de países “constituyentes” para encontrar algo más de moda. El alza de los precios del petróleo es una de las opciones. Desde luego, hay factores exógenos que influyen, sin embargo, la única forma de generar bienestar para el pueblo es estimulando la producción y logrando acuerdos entre empresarios y trabajadores. Si las empresas generan mayor riqueza necesitarán más trabajadores, si hay más oferta laboral mejoran los salarios, si mejoran los salarios las familias pueden adquirir bienes y servicios.
Hablar y hablar de “solidaridad”, “igualdad”, “luchar contra los malos” (porque los buenos son solo ellos), suena bonito pero no soluciona nada.

Crear más impuestos, desacreditar a los empresarios, eliminar formas alternativas de contratación, dictar mandatos que están por encima de cualquier ley o constitución, incrementar la burocracia, instrumentar controles de precios, elevar el salario básico, etcétera; lo único que provoca es ahuyentar la inversión privada, desestimular la producción, disminuir las oportunidades laborales, generar escasez de productos. Ojalá no sigamos creyendo que el país va a mejorar por decreto.

Rodrigo Aguiar,
Quito
Reformas de Montecristi

Con asombro y repudio veo cómo la Asamblea intenta distraer la opinión pública con debates alrededor de temas tan inoficiosos, como el “derecho al disfrute”, mientras pretenden realizar peligrosísimos cambios, con tal celeridad, que no permiten siquiera ser analizados con la profundidad que merecen.

Dos de las más recientes pruebas de esto giran en torno a nuestros ahorros depositados en el sistema financiero; concretamente la declaración de la actividad financiera como un “servicio público delegado”, y el afán de concentrar el manejo de la política económica y cambiaria en manos del Ejecutivo. Declarar a la banca como un “servicio público delegado”, significa que nuestros depósitos nuevamente estarán en manos de los políticos de turno, que en aras de promover uno u otro determinado sector “estratégico” (léase votos para las próximas elecciones), el Ejecutivo obligará que los bancos coloquen nuestros depósitos en créditos sobre los cuales no tendrán ninguna capacidad de análisis.

Los bancos estarán obligados a poner a quienes el Gobierno les ordene. Es decir, nuestro dinero estará a merced de las decisiones políticas del gobernante de turno, y no del banco a quien se lo confiamos. Los bancos prestan nuestro dinero con la intención de recuperarlo; ¿qué pasará el día que se obligue a los bancos a colocar nuestros depósitos en créditos que no podrán cobrar?

Y si vivimos en una economía dolarizada desde el año 2000, ¿cuál es el afán de incluir en la Constitución la potestad de que el Presidente maneje la política cambiaria del país? Nuevamente los políticos olvidan que quienes más sufrimos los embates de las políticas populistas de gasto desmedido, fuimos los depositantes del sistema financiero que vimos nuestros ahorros evaporarse a consecuencia de continuas devaluaciones a la moneda de antaño. ¿No será que quieren que el país adopte una moneda local nuevamente, con los riesgos para los depositantes que implica una política cambiaria irresponsable en manos de los políticos? ¿Por qué dejar entreabierta esta puerta tan peligrosa para nuestros ahorros? Es hora de que la Asamblea actúe con responsabilidad, deje el populismo, y se dé cuenta que el dinero depositado en los bancos no es del Estado, sino de los depositantes.

Vanessa Guevara,
Guayaquil

“Geniales” ideas ponen en la mesa los miembros de la Asamblea, siendo la más descabellada cambiar los símbolos patrios.

¿Cuál es la diferencia entre la Asamblea Constituyente y el Congreso Nacional? ¿Acaso no hay pérdida de tiempo, de dinero que sale del bolsillo de los ecuatorianos; “ideas” (por llamarlas de alguna manera) descabelladas que no aportarán en nada al progreso nacional. Me queda desear que las cosas tomen un rumbo cierto y no incierto, pésimo, dictador, como claramente vemos hasta hoy.

Magaly Newberry,
Nueva York, EE. UU.

 

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