El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), a través de su directora Tania García, interpuso el  pasado jueves en la Fiscalía de Chimborazo   una denuncia que permitirá repatriar los bienes culturales patrimoniales arqueológicos que se encuentran en Argentina.

La denuncia versa sobre la extracción, comercialización y exportación ilegal de piezas patrimoniales.

“Una parte de estos bienes arqueológicos pertenece a Alacao, comunidad del cantón Guano, en Chimborazo, razón por la cual el agente fiscal de Chimborazo, Richard Villagómez, tiene la competencia para dar trámite a este proceso penal internacional”, manifestó García, tras presentar la denuncia.

“Estas piezas arqueológicas fueron detectadas en una colección particular impresionante en Argentina con más de 40 mil piezas y aproximadamente 366 pertenecen a nuestro país, detectadas por peritos del INPC”, dijo la directora del ente.

“Este equipo de peritos, conformado por el arqueólogo César Toapanta, el restaurador David Miranda y Fanny Figueroa, asesora jurídica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se dirigió al Instituto de Antropología, Historia y Pensamiento Latinoamericano, en Buenos Aires, Argentina, la sede donde se custodian los bienes patrimoniales, fruto del tráfico ilegal”, precisó García.

“Esta denuncia será elevada a Argentina para que las autoridades la conozcan, se pronuncien y en base a los acuerdos bilaterales y convenciones internacionales, las piezas de Alacao sean traídas a nuestro país”, dijo Richard Villagómez, agente fiscal de Chimborazo.

El funcionario dijo que “en una primera instancia se leerá alrededor de 300 fojas, que contienen recaudos judiciales de lo practicado en Argentina, específicamente por el Juzgado Tercero del Crimen, en donde un juez  avocó conocimiento de este tema y se ha reconocido pericialmente las piezas patrimoniales de Alacao”.

La Fiscalía no descarta que las piezas salieron a través de  una actividad organizada que deberá establecerse desde el momento de la extracción, la ubicación de los comerciantes locales y los contactos internacionales para sacar ilícitamente las piezas patrimoniales ya sea por vía terrestre, marítima o también aérea.