El presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (PAIS), reveló que el mandato que especifica un nuevo calendario electoral está prácticamente listo. Resta, sin embargo, definir las fechas tanto para las convocatorias de las elecciones como de los días para que la ciudadanía se acerque a votar.

El objetivo de la Constituyente  es que en enero próximo –de acuerdo con lo anunciado por Acosta– se puedan elegir a Presidente de la República y también a las principales autoridades seccionales.
Jorge Acosta, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo ayer que no existe ningún impedimento técnico para realizar las elecciones de enero del próximo año. “Nosotros le presentamos un calendario provisional hace dos meses a la Asamblea, para que tome una decisión.  Lo que sí está descartado es que los comicios se realicen en octubre próximo (cuando en un principio se iban a elegir a las autoridades seccionales)”, sostuvo.

Y agregó que “si (las elecciones de enero) son generales o seccionales depende de si gana el Sí en el referéndum”.

El ex presidente del Tribunal Supremo, Medardo Oleas, advirtió que esa propuesta es inviable. En el caso de que gane el Sí, explicó, se tienen que redactar las leyes secundarias, elegir a los nuevos representantes del Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Electoral, la reinscripción de los partidos políticos. “En el mejor de los casos se lo podría hacer en el junio del 2009”, afirmó.

Para César Montúfar, ex candidato a asambleísta, la prórroga en funciones de los alcaldes y prefectos –como consecuencia del nuevo calendario electoral– es inconstitucional.

El asambleísta Luis Hernández (RED) comentó que las próximas elecciones deben efectuarse bajo las nuevas reglas de juego que se incluirán en la Carta Política.

 Por ejemplo, dijo, el Consejo Nacional Electoral tendrá que integrarse inmediatamente de que entre en vigencia la Constitución; este será el organizador del proceso e incluso el que defina el método a usarse y los requisitos para inscribir candidaturas.

Hernández no comparte la tesis de que las próximas elecciones se reglamenten vía mandato constitucional, porque serían los actuales organismos, como el Tribunal Supremo Electoral, los encargados de organizar el proceso. “Y justamente es eso lo que se pretende evitar”, subrayó.

El presupuesto para el referéndum llega aproximadamente a los $ 30 millones.