A menos de dos meses de que la Asamblea dicte nuevas normas de funcionamiento para la Función Judicial, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reaccionó para impedir su eventual reestructuración o que se le reduzcan las competencias, a través de la creación de una corte de casación.

Durante la reunión del pleno de la CSJ, del pasado miércoles, se adoptaron tres medidas para frenar las intenciones de la Constituyente: visitar ese organismo para explicar su posición y entregar a la mesa directiva la resolución de la Federación Latinoamericana de Magistrados, adoptada en México, que respalda la independencia y autonomía de la CSJ.

La segunda, el presidente de la CSJ, Roberto Gómez, solicitará una audiencia al presidente de la República, Rafael Correa, para coordinar el funcionamiento de  los nuevos tribunales y juzgados del país.

La tercera: pedir al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que, a través de concursos de merecimientos, llene las 700 vacantes en la Función Judicial.

Las resoluciones se dieron en medio del descontento de un grupo de jueces, que sostiene que la falta de liderazgo en la CSJ ha impedido iniciar una estrategia en defensa de la institucionalidad del alto tribunal.

Según el magistrado Mauro Terán, aún no es tarde y puede que la Asamblea acoja las propuestas de la CSJ.

Hasta hoy, dijo, Gómez Mera ha mantenido reuniones superficiales con el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta.