Como una simple formalidad, calificó esta mañana el asambleísta de PAIS, Santiago Correa, al cambio de nombre de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a Corte Nacional de Casación y Revisión.

Correa, en diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), indicó que la CSJ, como su nombre lo indica, ha sido el ente máximo de administración de justicia en el país, pero considera necesario darle la posibilidad a un organismo como la Corte Constitucional, que está creando la Asamblea Constituyente, para que revise los fallos de los ministros de la actual CSJ.

Sobre la negativa de los ministros de la Corte Suprema para que se haga el cambio, Correa piensa que esta posición se debe a que quieren mantener su estatus de “supremos”.

En otro punto, el integrante de la mesa 8 de Justicia y Lucha Contra la Corrupción de la Asamblea explicó que la Corte Constitucional sería la que revisaría ciertos fallos de los magistrados en casos que tengan relación con la violación de los Derechos Humanos.

En este sentido, señaló que ya existen casos iguales a nivel internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se encuentran cientos de procesos llevados por ecuatorianos que han sufrido violación de sus derechos en nuestro país. Muchos de estos casos, previamente fueron analizados por la CSJ, añadió.

El asambleísta de PAIS resaltó que lo que busca con ello es evitar las cuantiosas indemnizaciones a las que es sentenciado el estado ecuatoriano por este ente superior de justicia, por la fallas que se realizan en el país en cuanto a derechos humanos.

En el tema de la reestructuración de la Función Judicial, enfatizó que se debe a los alarmantes índices de problemas para que las personas accedan a la administración de justicia, al igual que a los registros de la propiedad y notarias.

“Hay personas que no pueden realizar una escritura porque simplemente no tienen dinero para pagar a los notarios y a los registradores de la propiedad”, acotó Correa.

Ese tipo de problemas, más el sistema de corrupción que impera en los juzgados, llevan a determinar que es necesario un cambio total en la actual Función Judicial, por lo que se analiza incluir una transitoria en la nueva Constitución para que en un plazo de 180 días, luego de aprobada la Carta Magna, se convoque a un concurso de merecimiento para la conformación de una nueva CSJ.

En cuanto a la manifiesta oposición que ha expresado el presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, a la reestructuración de la Función Judicial, Correa dijo que eso es parte de la democracia que existe dentro del bloque de Gobierno. “Respeto mucho el criterio del señor presidente de la Asamblea, el compañero Alberto Acosta, pero nosotros, como bloque de la mesa número 8, estamos proponiendo este cambio sustancial”, subrayó antes de recordar que será el pleno de la Asamblea el que determine o no el cambio.