Se ha tomado por costumbre, al menos en ciertos sectores del país, la imposición de justicia por mano propia. Se usan como argumentos de justificación la desconfianza en el sistema judicial y policial, la falta de implementación de políticas criminales y, en no muy pocos casos, al “eficaz” sistema de justicia de los pueblos indígenas consagrado en la última Constitución vigente. Llamó mi atención escuchar al actual Ministro de Justicia, cuando al opinar sobre los linchamientos acaecidos en los últimos días, únicamente atinó a indicar que son reprochables e injustificables por el irrespeto que estos representan al debido proceso. Preocupa que el titular de la cartera de Estado encargado de dar directrices orientadoras en esta materia, recurra a simples verdades de Perogrullo, intolerables a quien ocupa tan alta distinción.

Sí, el debido proceso es un derecho, que en los casos de linchamientos es totalmente desconocido. No pretendo obviar que en un Estado de Derecho, los procesos judiciales son los únicos mecanismos que pueden acercar a un hombre a una pena, pero hay mucho más detrás de las formas.

Desde la época de Rousseau y Hobbes, ante el permanente estado de guerra que vivió el hombre libre (homo homini lupus), se ideó la necesidad de una agrupación social bajo ciertos lineamientos, según los cuales, cada uno renunciaba a una partícula de libertad para entregarla a un tercero (Estado) que regulaba la convivencia. Para estas teorías  contractualistas,  cuando se rompía ese pacto social (mediante la comisión de delitos), se devolvía al individuo su partícula de libertad –quien dejaba de ser ciudadano y pasaba a ser enemigo– y se otorgaba derecho al Estado de emplear su fuerza para restablecer la vigencia del contrato. Según Zaffaroni, en  la historia de los programas criminalizantes, esto representó un cambio del sistema horizontal de solución de conflictos entre las partes a un modelo de decisión vertical o punitivo. Fue este el escenario bajo el cual el poder oficial arrebató el conflicto a la víctima y se reservó la atribución de sancionar bajo pretexto de limitar así la venganza y suplir la debilidad de las víctimas.

Graficando a modo mecanicista lo ocurrido en torno a los linchamientos, dichos comportamientos atávicos reflejan el grave estado de anomia colectiva que circunda a los estratos populares. Este es el problema de fondo. No existe en los linchadores un sentido de normas, un freno moral o legal; precisamente se actúa de forma contraria, pues, a su juicio, las normas chocan con su realidad social y por ende, sujetas a ser desatendidas. Ya por desconfianza en el orden constituido o por natural impulso represivo, este frenesí de venganza parece devolver, al menos momentáneamente, el equilibrio y la seguridad  que se reclaman. ¿Cómo desvirtuar esta concepción? ¿Es legítimo que el Estado reclame, sin excepción, su facultad de resolver los conflictos?

Estimo que la respuesta que buscamos debe empezar  por devolver credibilidad a nuestros sistemas de control social. No se puede esperar que se recurra a agencias (policías, jueces, fiscales) en las cuales no se cree ni se tiene confianza. Frente a esta grave problemática,  ¿qué está haciendo el Ministerio de Justicia?

* Abogado.