Si lo que dice Alberto Acosta, en la extensa e interesante entrevista que le hace la revista Vanguardia de esta semana, es una expresión sincera de su pensamiento –y no tengo motivos o razones para pensar lo contrario– debo complacerme como ciudadano por el espíritu democrático del presidente de la Asamblea.
Menciono solo tres afirmaciones suyas que me parecen destacables en el entorno de autoritarismo que se respira: una es la que expresa que sería lamentable que la nueva Constitución quede a la medida del Presidente de la República; otra, es que luego del debate sobre la participación y el poder de los ciudadanos (no del Estado), se preocupará de que sean reales las garantías para el ejercicio de esos derechos, tarea que califica como fundamental para él; y, en tercer lugar, que no hay la más remota posibilidad de que se limite la libertad de expresión, y de que si la hubiera, él votaría en contra. No felicito a Alberto Acosta porque no hay que felicitar a nadie por expresar ideas democráticas, pero sí me congratulo porque, a pesar de que vivimos en tiempos de revolución, el presidente de la Asamblea no quiera saltarse la cerca ni haya perdido la sensatez.
De paso, subliminalmente, Alberto Acosta le devuelve a Rafael Correa su crítica al presunto lento actuar suyo al frente de la Asamblea –pues cada uno debe manejar sus tiempos a su manera– cuando le dice al entrevistador que en ese rato no puede opinar si las carreteras se hacen rápido o se hacen lentamente.
Pero respecto de la Asamblea y de la labor fundamental de Alberto Acosta como su presidente, quiero recordarle que la esencia del régimen constitucional y la síntesis de la idea de democracia es el Estado de Derecho, en el cual el ejercicio de los Poderes Públicos acarrea responsabilidades, por excesos o por omisiones, por lo que se torna imprescindible describir con precisión cada caso, legislando para todos y no solo para hoy sino también para mañana.
Hay muchos temas que analiza la Asamblea sobre los que se puede comentar, pero en una columna editorial solo es posible hacerlo de una manera epidérmica, como por ejemplo, el referido a la Fuerza Pública, que se discute en estos días. No tiene mayor relevancia ratificar o eliminar de la Constitución aquello de que les corresponde “garantizar el ordenamiento jurídico”. Lo importante es que la Fuerza Pública no tome decisiones por sí misma para dar golpes de Estado, ni cumpla órdenes, vengan de quien vinieren, que vulneren los derechos ciudadanos. Lo vital es que los ecuatorianos armados tengan conciencia de estas obligaciones, pues la praxis es lo que cuenta.
Y para que no lo olvide Alberto Acosta, menciono solo dos de los grandes temas pendientes en la construcción de un verdadero Estado Democrático de Derecho: hacer más eficaz (honesta y capaz) a la Justicia, y dar los pasos necesarios para crear una “democracia avanzada”, es decir un sistema de organización del Estado donde el mayor número de ciudadanos intervenga en la conformación, ejercicio y control del poder por medio del mayor número de instituciones y procedimientos posibles.
P. S. Un punto en contra de AA es haber permitido que al interior de la Asamblea actúen los mismos asesores extranjeros a quienes ignoró la de 1998. ¿Y la soberanía constituyente?