El concepto de soberanía alimentaria que el movimiento PAIS busca incluir en la nueva Constitución implica la aplicación de políticas dirigidas a que el Estado garantice el autoabastecimiento de alimentos a todos los habitantes.

Pero los bloques de oposición coinciden en que las reformas aprobadas por la mesa 6 de Trabajo, y que se debatieron en el pleno de ayer, apuntan a una redistribución de tierras que se haría bajo discrecionalidad de las autoridades de turno.

Advierten que esas reformas están relacionadas con lo aprobado previamente por la mesa 6 sobre los tipos y funciones de la propiedad, en los que se establece la expropiación de bienes que no cumplan con “fines sociales y ambientales”.

Cristina Reyes (PSC) afirmó que hace falta clarificar lo que para el Estado sería un latifundio o cuándo se considerará que una persona acapara o concentra tierras. “Cuidado lo dejan así para que luego el Estado pueda atentar contra la libre empresa y la propiedad privada en aras de garantizar la seguridad alimentaria”, argumentó.

Los textos analizados establecen que se prohíbe el latifundio, la concentración y acaparamiento de la tierra, y se regula el uso del agua.

También se refieren a la instauración de un Fondo Nacional de Tierras para garantizar el acceso de los campesinos a lotes, al igual que un Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria que vele por la aplicación de políticas públicas de producción, provisión y distribución de alimentos.

Esto último fue cuestionado por Vicente Taiano (Prian), quien aseveró que estas reformas generarán burocracia. Recalcó que durante el gobierno de Rodrigo Borja se determinaron políticas parecidas, lo que provocó que el número de empleados del Ministerio de Agricultura suba a 8.500.

“No sirvió de nada en ese entonces, porque los índices de desnutrición se incrementaron y más bien los agricultores abandonaron el campo para poblar los cordones de miseria en las ciudades”, aseveró.

Mientras que Luis Hernández (RED) manifestó que algunos de los aspectos citados, como las prohibiciones, deberían ser parte de una ley.

En el bloque oficialista hay un consenso preliminar. Marco Martínez (PAIS) afirmó que las reformas se justifican debido a que seis de cada diez niños tienen desnutrición, “algo que el Estado debe revertir”.

Los cambios sobre la soberanía alimentaria determinan que el Estado promueva y facilite que la pequeña y mediana producción se destine al consumo nacional, además de la adopción de políticas arancelarias para proteger al sector agroalimentario y pesquero.