Comparecencia.

A un plan militar, que incluye una campaña de guerra psicológica para cubrir la agresión a la soberanía del país, atribuyó el coronel Jorge Brito las acusaciones colombianas de que las FARC entregaron $ 100 mil a la campaña presidencial de Rafael Correa.

Lo dijo ayer en  la Fiscalía General, donde rindió su versión sin juramento, dentro del caso que indaga el ataque de los militares colombianos a un campamento de las FARC.

Esta diligencia se suma a otras dispuestas por el fiscal de Sucumbíos, Wilmer Gonzabay, en las que se anunció el nombramiento de dos peritos de la Politécnica Nacional para que revisen las supuestas computadoras del ex dirigente de las FARC, Raúl Reyes.

Brito afirmó que no tuvo ninguna relación con el grupo irregular de las FARC, y tampoco recibió dinero de Reyes para la campaña presidencial de Correa, que respaldó.

En el texto de su testimonio, aseveró que dejó constancia de las retaliaciones de las que ha sido víctima por sus declaraciones públicas de rechazo al Plan Colombia, y al riesgo que corría Ecuador.

El fiscal general, Washington Pesántez, no descartó que se llame a declarar a la asambleísta María Augusta Calle (PAIS). Agregó que cualquier persona puede ser llamada, “inclusive el Presidente de la República”.