Interagua.

Los representantes de Interagua, concesionaria del agua de Guayaquil, pidieron ayer a la mesa 7 de Régimen de Desarrollo que respete la concesión, que concluirá en el año 2031.

En la mesa 7, los asambleístas de PAIS cuestionaron que el Estado por la concesión no recibe utilidades de Interagua, por lo que se analiza la posibilidad de anular todo tipo de concesión a la empresa privada para la distribución de agua potable.

Ilfn Florshein, subgerenta de Comunicación de Interagua, argumentó que por la concesión la empresa administra, mejora y opera el servicio de agua, pero que todos los bienes, instalaciones, redes, tecnología y maquinarias pasarán a manos del Estado, una vez que concluya la concesión.

Comentó que Interagua durante la concesión aspira invertir $ 500 millones para  mejorar  la distribución de agua.

Pero la asambleísta, Martha Roldós (RED), comentó que los textos constitucionales partirán del concepto de que el agua no será sujeto de privatización, y eso ha llevado a presentar una transitoria para establecer que todas las compañías privadas que presten el servicio de agua potable, en seis meses, de aprobada la nueva Constitución, deben ajustarse a las nuevas normas jurídicas.

César Cárdenas, del Observatorio de Usuarios de Guayaquil, comentó que el Estado nunca garantizó en el contrato que Interagua invierta. La inversión que al momento se hace proviene de recursos que pagan los usuarios por el servicio, sostuvo Cárdenas.