La imputada, Mariana Mendieta, está implicada en delitos de coyotaje y de peculado.

La tercera sala de lo Penal emitió ayer una nueva orden de prisión preventiva por supuesto peculado contra Mariana Mendieta, alcaldesa de Durán.

La primera medida contra ella fue emitida el pasado martes, por la primera Sala de lo Penal del Guayas, por el delito de tráfico ilegal de migrantes.

En la denuncia el ministro fiscal, Antonio Gagliardo, dijo que existen indicios de responsabilidad penal por parte de la personera municipal, el ex Procurador Síndico, el director Financiero, director de Obras y el contratista de la construcción.

Juan Vizueta, defensor de la alcaldesa y de los otros funcionarios municipales acusados (quienes no acudieron a la audiencia), expresó que se han vulnerado los derechos de los imputados, al haberse ordenado la prohibición de la salida del país de Mendieta, por parte de la tercera sala. Explicó que la medida se utiliza solo para extranjeros y, en reemplazo de una orden de prisión que se haya impuesto a un ecuatoriano, explicó el jurisconsulto.

Criticó que esta orden haya sido emitida antes de la audiencia convocada, sin escuchar a la defensa y reiteró, que de acuerdo al art. 71 de la ley de Contraloría, la demanda se presentó a destiempo, pues pasaron los cinco años reglamentarios.

Vizueta también presentó dos informes de la Contraloría, del 2004 y 2006, donde solo realiza correctivos administrativos y no emite responsabilidad penal como el informe del 29 de mayo de este año que –según el abogado– fue elaborado apresurado y parcializado.

Sin embargo, Ángela Páez, concejala de Durán, dijo –al concluir la audiencia– que los informes que presentó Vizueta son borradores de la Contraloría, ya que esta entidad aún no ha entregado el informe definitivo y que denunciará más irregularidades, que no detalló.

Mientras, la alcaldesa cuenta con una licencia de 60 días y su hijo, Dalton Narváez, la reemplaza en el Municipio.

DETALLES: Más datos

Fundamentos de la Fiscalía
En la denuncia indica que de acuerdo al informe del 2003 de la Contraloría, hay 23 órdenes a favor de un solo contratista, violando los procedimientos precontractuales de la ley de contratación pública y que existe falsificación de documentos públicos, los que subdividieron contratos superando los valores mínimos sin licitación.