El ministro fiscal, Washington Pesántez, y el delegado de la Función Judicial serán miembros del Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) con derecho a voz sin voto, según  las reformas al Código de Ejecución de Penas  aprobadas por la mesa 10 de Legislación y de Fiscalización y presentadas ayer a la Comisión Directiva.

La asambleísta Amanda Arboleda (PAIS)  dice que la idea es que “no se puede encargar la rehabilitación social al fiscal que acusa ni al juez que juzga y condena a los detenidos”.

Con la modificación, que  debe  discutir el pleno, el CNRS será presidido por el Ministro de Justicia, quien tendrá voto dirimente, junto a los ministros o delegados de las ramas de Salud, Educación y Trabajo, así como el Defensor del Pueblo.

El texto incluye mecanismos  para rebajar penas, que puede ser hasta el 50% de la condena y dependerá de un estudio del reo. Pero al beneficio no tendrán derecho quienes cometieron delitos execrables y de lesa humanidad, atentaron contra la vida; sexuales, etcétera.