Paralelo al trabajo de Udeleg, el Gobierno anunció como prioridad solucionar el “embrollo” jurídico de la Categ.

Definir la propiedad de los bienes que fueron de Emelec y Electroecuador, y por lo que existe una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado, al que se acusa de confiscarlos, hizo que el régimen disponga que una firma de abogados aclare el tema.

El sábado anterior, en su enlace radial, el presidente Rafael Correa anunció esta contratación “para que lo más rápido posible nos dé los pasos legales, porque hay muchos riesgos. Si yo digo Categ es empresa pública y los activos se vienen al Estado, nos ganan en el Ciadi (…) pero Guayaquil necesita una empresa pública de energía que pueda ser capitalizada por el Estado”, manifestó.

Lo último tiene que ver con la intención de que la Categ sea una empresa pública, lo que ocurriría con un mandato de la Asamblea Constituyente.