Mesa 7.

Representantes de los bancos privados alertaron ayer a la Asamblea Constituyente del riesgo que podría traer categorizar al sistema financiero como un “servicio público”.

La mesa 7 de Régimen de Desarrollo recibió a los delegados de estas entidades para escuchar su posición frente a los textos constitucionales. Lo que respaldan es el fortalecimiento de mecanismos de control técnico y alejados de interferencias políticas.

Los asambleístas tienen desde hoy cinco días laborables para analizar las observaciones y luego presentar el informe definitivo. El debate gira en torno a tres conceptos sobre el sistema: “servicio público, orden público o interés público”.

El representante del directorio de la Asociación de Bancos Privados, Fernando Pozo, explicó que el sistema financiero maneja recursos de los depositantes y no del Estado.

Si en la Constitución se incluye el concepto de servicio público “lo que va a pasar es lo que ya estamos sintiendo: que mañana el Estado intervenga de alguna manera y lo induzca a hacer préstamos dirigidos a un determinado sector”.

Reveló que el solo anuncio de que la banca será un servicio público ha causado una “avasalladora cantidad de llamadas de clientes preguntando si es verdad que el Estado va a controlar sus recursos”, advirtió.

Pero Pedro Morales, presidente de la mesa 7, aclaró que la Asamblea no pretende estatizar a la banca, sino proteger los ahorros de los ecuatorianos.

Lo que se empezó a debatir, dijo, es cuándo se terminaría la delegación de la banca por parte del Estado, lo que debe aclararse en una ley secundaria.