Mesa de Legislación
Aprobado el informe definitivo de la Ley que regula el tránsito
La mesa 10 de Legislación y Fiscalización finalizó el análisis de la Ley propuesta por el Ejecutivo para regular el transporte y la circulación tanto para peatones como para los vehículos en el país.

Con la anuencia de nueve asambleístas, el informe definitivo de este cuerpo legal fue aprobado en la mesa.

León Roldós (RED) se adhirió al informe y a los criterios que en él se resolvieron, sin embargo presentará por separado sus observaciones adicionales.

El documento será remitido a la Comisión Directiva de la Asamblea Constituyente para que ingrese en el Orden del Día y sea debatido por el pleno de la Asamblea.

Solicitud en Montecristi
Empleados de Superintendencia pidieron salida de Bustamante
Los empleados de la Superintendencia de Compañías solicitaron a la Asamblea que convoque al ministro de Gobierno, Fernando Bustamante.

Santiago Bravo, presidente de la Asociación de Empleados de la Superintendencia, dijo que aspiran a que se destituya a Bustamante por la violación de los derechos humanos por el desalojo de los empleados la semana pasada de la entidad.

Por su parte, Guido Gil, de los servidores públicos de Galápagos, pidió que se cite al secretario de Remuneraciones del Sector Público, Richard Espinosa, para que explique por qué no aplica la ley especial de Galápagos y el mandato 2 en la fijación de salarios.

Justicia
La mesa 8 prepara textos para cambiar a la actual CSJ
La mesa 8 de Justicia prepara nuevos textos constituyentes que irán como transitorias en la nueva  Constitución para cambiar a la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), que será sustituida por la Corte Nacional de Casación, y será tribunal de última instancia.

Ante esto, el presidente de la CSJ, Roberto Gómez Mera, envió un manifiesto en el que rechaza estos cambios. En el texto recalca que la CSJ es la institución de mayor jerarquía dentro del Poder Judicial y una tradición histórica con fundamento jurídico constitucional, por lo que debe mantenerse en la nueva Constitución para garantizar una administración de justicia independiente.