Los países miembros de la Unión Europea (UE) y el Europarlamento llegaron este miércoles a un acuerdo final para impulsar la denominada "Directiva Retorno", que establece nuevas reglas de detención y expulsión de clandestinos hallados en su territorio, según fuentes europeas.

El compromiso alcanzado en Bruselas debería permitir que los ministros del Interior de los 27 den luz verde al texto el jueves en una reunión en Luxemburgo y que el tema sea tratado por los eurodiputados en sesión plenaria del 16 al 19 de junio próximos en Estrasburgo (este de Francia).

Tras diversas reuniones, los embajadores de los 27 ante la UE, miembros del Europarlamento y de la Comisión Europea lograron resolver el miércoles el último punto conflictivo de la propuesta: el carácter obligatorio o no de brindar asistencia jurídica gratuita a las personas que serán expulsadas.

En efecto, y tras recibir la propuesta de la Comisión Europea acordada con los Estados miembros de la UE, el Europarlamento había manifestado su oposición a que no se garantice esa asistencia jurídica gratuita, reabriendo el debate.

El miércoles, las partes acordaron modificar el artículo 12 referido a esa cuestión, incluyendo una referencia a la obligatoriedad de garantizar esa asistencia jurídica, aunque dejándola abierta a las particularidades de la legislación nacional de cada Estado miembro de la UE, según fuentes europeas.

Duramente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y ciertos partidos políticos, la "Directiva Retorno" establece las reglas para proceder a la expulsión de los ciudadanos de países terceros, incluyendo a menores, que estén en situación irregular en el territorio de la UE.

Esta expulsión o "alejamiento", como pretende llamarlo Bruselas, se hará en avión y debe ser "voluntario dentro de los posible", aunque en caso contrario se reconocerá el uso de la fuerza como una necesidad, así como la posibilidad de recurrir a un periodo de detención de 6 a 18 meses.