Fernando Pozo, presidente del directorio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), advirtió esta mañana que tener el sistema financiero como servicio técnico delegado, implicaría que pertenecen al Estado, con lo que este "podría dirigirlos al crédito o a la actividad que considere".

Pozo realizó esta precisión luego de que la mesa 7 de Régimen de Desarrollo de la Asamblea Nacional realizara 35 artículos de política económica, los cuales dan al Estado un rol interventor en el mercado.

En este sentido, la Constitución avala que el Ejecutivo formule las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, las que garantizarán “tipos de interés para el financiamiento de las actividades productivas, manteniendo una adecuada estabilidad de precios en función de la estabilidad económica”. Y el Estado velará para que las tarifas de los servicios públicos sean equitativas, señaló Pozo.

En diálogo con Citynoticias (89.3 FM en Guayaquil), el representante de los bancos explicó que hay una concepción errada en este sentido, pues los recursos que maneja el sistema financiero son privados.

Sin embargo, aclaró que esto no tiene nada que ver con los controles que puede hacer el Estado a la banca, pues lo que plantean es "unir lo que existe en la normativa de cualquier país en el mundo, y es tener una Superintendencia de Bancos fuerte y profesional que establezca una regulación técnica que le dé garantía a los depositantes de que sus recursos son bien manejados".

"Lo que sí creemos que hay que hacer es tratar de darle fuerza a los controles de la Superintendencia de Bancos, esto dista muchísimo de que pase a ser un servicio público", dijo.

La ABPE explicará a la Asamblea Nacional Constituyente los riesgos que existen para el sistema finaciero si se politiza el manejo de este gremio. "Lo que nosotros planteamos es que se fortalezcan los controles, la Superintendencia de Bancos, y nos ayuden a captar ahorro externo a tasas y plazos mejores para que podamos reinvertir en el sector productivo".