Gruimbe y Benalcasa son dos de las empresas del grupo de la Mutualista Benalcázar en donde la Superintendencia de Bancos (SB)  busca información que podría explicar las causas del deterioro de los balances de esta institución financiera, que cerró, por insolvencia el 7 de mayo pasado.

Estas compañías tenían su domicilio en el mismo edificio de la mutualista,  incluso funcionaban en varias de sus agencias. Sus empleados administrativos  eran  distintos a los de la Benalcázar,  aunque sus ejecutivos eran los mismos.

En un oficio remitido a la Superintendencia de Bancos,  la administradora de la mutualista, María Laura Patiño, explicó que pese a que solicitó la información contable de ambas empresas, no logró una respuesta positiva.

“Ante la imposibilidad jurídica de tomar control de estas dos compañías”, Patiño solicitó la intervención de la Superintendencia de Compañías.

Por otra parte, según un  informe oficial  hasta el 23 de mayo pasado ya se había  devuelto  los depósitos a aproximadamente  25.000 clientes con ahorros de hasta $ 12.200 (en total, unos $ 20 millones), pero  todavía  faltaba consolidar las cuentas de los activos que permitirán el pago a los perjudicados que poseen  ahorros por más de $ 12.200.

A esa fecha, el Banco de la Vivienda (BEV) asumió $ 17 millones en activos líquidos y cartera por $ 28 millones.

De estos $ 9,1 millones, correspondientes a 2.739 certificados de depósitos a plazos,  no fueron asumidos por el BEV, “pese a su compromiso formal” de asumir todos los pasivos excluidos”, dice  Patiño.

 Con un  oficio, la administradora remite a la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, la información consolidada de 1.662 créditos de vivienda, en la que se confirma que hubo irregularidades, como la inexistencia de los respectivos documentos hipotecarios. La Superintendencia de Bancos tiene previsto realizar una nueva exclusión de activos y pasivos; es decir, va a separar los que no tienen problemas (legales o técnicos) para ser transferidos de los que registran algún impedimento.