Pese a la renuncia de Francisco Arellano, la calma no regresa a la Superintendencia de Compañías. Ayer los trabajadores ingresaron con media hora de retraso porque no funcionaba el sistema informático interno. En los pasillos y afuera del edificio había cien policías.

Según el presidente de la Asociación de Empleados, Santiago Bravo, la policía restringió el paso a la División Informática, a la Intendencia Jurídica y al despacho del Superintendente, encargado por Arellano a la directora de Recursos Humanos, Mónica Gavilanes.

Bravo dijo que antes de renunciar el viernes pasado, Arellano destituyó a quienes podían sucederle, como Gonzalo Merlo y Édison Viteri, intendentes de Compañías y Jurídico, respectivamente, para ascender a Gavilanes y restablecer en sus funciones a Kléver Mejía, quien fue intendente administrativo en su gestión.

“Las pocas horas que estuvo (Arellano) dejó en sitios clave a sus colaboradores para que arremetan contra el resto del personal”, dijo Bravo.

Denunció que allegados a Arellano salieron el viernes pasado con documentos que, presume, son pruebas de contrataciones y nombramientos sin concursos ni  licitaciones. Entre ellas la designación de María Gabriela Carrasco Espinosa –hija del director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco– como especialista de Control 5 de la Unidad de Control e Intervención de Compañías y Valores en Cuenca, desde junio de 2007, con una remuneración de $ 2.490.

Vía telefónica, Carrasco Espinosa dijo que como máster en Finanzas de la Universidad Complutense de Madrid y economista mejor egresada de la Universidad del Azuay tiene las condiciones para su puesto y que por ello fue escogida.