Si la discusión sobre comunicación en la Asamblea Constituyente dependiera de una técnica y una ciudadana como Pilar Núñez, personalmente estaría tranquilo, pero va a estar a cargo de autoridades afines al gobierno de turno que lo único que quieren es complacerlo.

Mientras tanto, se incluyen cuestiones como aquella de que las personas tienen derecho a “recibir, conocer y tener información verificada”. (De paso, si de redacción se trata, basta decir “tener”, ello puede ser “percibir” o “conocer”).

¿Saben cuántas informaciones sobre ministros o funcionarios oficiales alcanzaríamos a transmitir los medios si las verificáramos todas? A lo sumo el veinte por ciento. Pero incluso si se verifica una información, ¿la debe difundir obligatoriamente la prensa? No toda; alguna se queda por falta de tiempo, o porque no tiene repercusión suficiente, o porque el tratamiento no parece el adecuado, o por las consecuencias que podría generar.

El día que se cerró Mutualista Benalcázar, yo sabía desde la mañana que la Junta Bancaria iba a tratar ese tema en la tarde. ¿Debí decirlo al aire? Creo que no. Habría contribuido a un pánico, que afortunadamente no se produjo, y a un retiro de depósitos que hubiera hecho imposible lo que ahora ordenadamente se trata de hacer. Fue mi decisión, y ese es un proceso de autocensura que los periodistas responsables vivimos todos los días. No crean que todo lo que llega a la cabeza sale por nuestra boca. Uno no repite chismes; transmite noticias. Y cuando da opiniones, aclara que son eso, criterios.

Información verificada... ¿Quién lo va a certificar? ¿Quién va a dictaminar si una información fue “verificada” o no?

Se dice también que el Estado controlará la emisión de publicidad que fomente la violencia. Ya hay una legislación para eso. ¿Pero quién va a decir  qué es violencia? Si mañana reclamamos por el derecho de los ciudadanos a protestar, ¿estaremos fomentando la violencia?

Luego se anuncia que se garantizará la distribución equitativa de las frecuencias radioeléctricas. “Equitativo” quiere decir “darle a cada cual lo que merece”. ¿Eso significa que una tercera parte de las frecuencias pasará al sector público, otra al sector comunitario y el resto para los canales privados? ¿Esa es la definición de “equitativa” que van a emplear?

Se anuncia, asimismo, la supresión de servicios públicos en telecomunicaciones. Mañana podrían decidir que el servicio público de telecomunicación radial en la frecuencia 93.6 de Guayaquil en FM (la menciono porque no está adjudicada) no va más; y no tendrán ni siquiera que dar explicaciones a nadie.

El texto habla de los derechos de “la persona afectada” por un agravio.
Para comenzar, no debería decir “afectada”, ya que todos nos vemos afectados por afirmaciones sin pruebas o inexactas. Lo correcto es “la persona agraviada”, pero no por afirmaciones “sin pruebas” o “inexactas” sino afirmaciones “falsas”, porque a diario hay afirmaciones sustentadas que no tienen pruebas. Todos los días se difunden informaciones inexactas: la producción de crudo se redujo en 11.125 barriles; pero no, resulta que solo se redujo en 11.124 barriles. Eso ya es inexacto. ¡Juicio contra la persona que lo dijo!

Si alguien considera que fue calumniada en un remitido pagado, ¿por qué tenemos que responder nosotros?  Mañana se publica un anuncio pagado en la prensa por alguien que deliberadamente actuó con mala fe. ¿El periódico debe ser enjuiciado por eso? Quien debería responder es la persona que puso el anuncio. El medio, por supuesto, es corresponsable de cernir y verificar ciertos parámetros de la publicación, pero para eso ya hay leyes, señores asambleístas.
¡Aplíquenlas! No hagan un traje a la medida de un tirano eventual que podría ser este o cualquier presidente.

En cambio, se ha eliminado la prohibición de que los grupos económicos ajenos a la comunicación sean propietarios de medios, para reducirlo a lo siguiente: “El Estado impedirá la concentración o vinculación directa o indirecta de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de frecuencias de radio y televisión”.

Tampoco aparece por ninguna parte la restricción a que los capitales extranjeros tengan mayoría en medios nacionales.

La redacción de los artículos paulatinamente se ha simplificado y depurado, pero todavía se quiere abandonar la libertad de expresión actual, con todos sus vicios, excesos y errores (en su mayoría ya tipificados y sancionados en diversas leyes) para ponernos a las puertas de la libertad de opresión.

Sí, porque al afirmar que “la comunicación es la base de la democracia y del buen vivir” se le está exigiendo a la “comunicación” algo que en realidad es responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, y del Estado en particular. Yo diría que la justicia es base de todo eso. A ella cabe exigirle eso.

Esto no fue lo que esperábamos. Esto no fue lo que prometieron. Esta reforma no avanza en lo que debía y en cambio retrocede en lo que no debía.

* Transcripción parcial de su comentario en Ecuavisa el 21 de mayo del 2008.