Once procesos penales  lleva adelante el Servicio de Rentas Internas (SRI) contra igual número de empresas y personas naturales que habrían causado un perjuicio al Estado  por entre $ 12 y $ 15 millones.

Se les acusa del delito de “falsificación de instrumentos privados o documentos y uso doloso de los mismos”, tipificado en el artículo 341 del Código Penal, aseguró Carlos Marx Carrasco, director del SRI.

Son nueve  empresas domiciliadas en Guayaquil que, según Carrasco, usaron  facturas forjadas, falsas o clonadas.

Para Rentas Internas se trata de un delito penal y no tributario, aunque además de la falsificación se buscaba  evadir el Impuesto a la Renta o  pedir devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o créditos tributarios. 

Según el principal del SRI, los fiscales ya emitieron instrucción fiscal en contra de los contadores y gerentes, mientras los jueces penales han emitido las respectivas órdenes de prisión. 

El director del SRI también comentó que a más de los once procesos en Guayaquil, existen dos en Ambato y uno en Cuenca, pero que aún no existe una resolución oficial. En todo caso, advirtió que en los próximos días se entregará un número importante de nuevas denuncias penales en Guayaquil y que se  realizan investigaciones en Quito.

Las empresas guayaquileñas involucradas son Forged Steil Valves, Alona, Butsaly, Fauci, Operlsa, Oceanbat, Pertineti, Papertrust, Ferriban, y las personas naturales Pablo Humberto Valarezo Rojas y Fabricio Héctor Veloz Román.

Los procesos judiciales se vieron involucrados en reclamos de competencias.

Según Carlos Marx Carrasco, el juez fiscal del Guayas Aníbal Vela Bajaña (encargado de temas tributarios), requirió conocer dos casos de los once denunciados. Sin embargo, el SRI puso una queja en contra del funcionario que fue suspendido por la Judicatura.

Uno de los dos casos continúa en disputa sobre la competencia, ya que en el primero,   la Primera Sala de la Corte Superior dio la razón al SRI, el martes pasado.

Entre tanto, el segundo caso lo  deberá resolver la Segunda Sala de lo Penal.

Este diario buscó la versión de los representantes de las empresas involucradas, pero al tener órdenes de prisión fue imposible localizarlos.