Autoridad Portuaria alega que Cabildo no tiene competencia en la zona donde se realizarán trabajos.

Los trabajos de dragado en el canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, previstos para ejecutarse en la quincena de este mes, no podrán iniciarse hasta que se cumplan  los procedimientos ambientales que requiere la obra.

El Municipio de Guayaquil, por medio de la Dirección de Ambiente, emitió esta disposición a través de una carta de dos páginas que envió el pasado 27 de mayo a la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), entidad que impulsa el dragado.

Tres requerimientos exige el Cabildo al ente portuario para avalar la limpieza de sedimentos: la presentación de los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental, la difusión de dicho estudio y la obtención de la licencia ambiental.

La decisión  surgió tras concluir que las actividades relacionadas con el dragado del canal de acceso a la terminal portuaria  “no cuentan con la licencia ambiental”.

Cuatro días antes del pronunciamiento del Municipio, el gerente de APG, Tomás Leroux, envió una misiva a la Cámara Nacional de Acuacultura. En esta  indicó que la draga que efectuará los trabajos arribó a la urbe, “para lo cual cuenta con una garantía vigente presentada al Municipio, la  que ampara la licencia ambiental”.

Dicha respuesta fue emitida ante la inquietud del sector camaronero respecto a la existencia o no de un estudio de impacto ambiental actualizado, que considere las posibles afectaciones de este proceso en la pesca artesanal y el área acuícola, cuyas labores se desarrollan en la zona de  dragado.

El Municipio sustenta su intervención en este caso alegando que es la autoridad ambiental en Guayaquil. Esto basado en un acuerdo del 12 de abril del 2002, cuando el Ministerio de Ambiente suscribió un convenio de transferencia de competencia, por el cual el Cabildo, a través de la Dirección de Ambiente, es la autoridad ambiental en esta jurisdicción.

Álex Villacrés, presidente del directorio de APG, aseveró ayer que la Unidad de Asesoría Jurídica de la institución prepara un pronunciamiento legal que estará listo mañana; sin embargo, adelantó que el “Municipio tiene competencia y jurisdicción dentro del territorio del cantón Guayaquil y el dragado del canal de acceso al Puerto se va a ejecutar en el área marítima donde no alcanza la competencia ni la jurisdicción de ningún cantón”.

Según lo previsto,  el retiro de sedimentos y desechos del fondo marino se realizará durante el primer año en una franja de 22 kilómetros de longitud, entre las boyas de navegación 37 y 66, por la que circulan los barcos  mercantes que atracan en Guayaquil.

La  Francisco de Orellana, fabricada en España y operada por el Servicio de Dragas de la Armada, se encargará del dragado, luego de que se acordó un contrato por cinco años para esta finalidad.

Territorio
La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) argumenta que no procede solicitar una licencia ambiental ante el Municipio debido a que los trabajos se concentrarán en la zona del golfo.

Informes
El 15 de junio es la fecha tentativa que maneja APG para iniciar los trabajos de dragado. Esto una vez que la Contraloría y Procuraduría emitan un informe favorable para esa actividad.