El retraso en la audiencia de juzgamiento a las dos colombianas sobrevivientes al ataque de las FARC, que se dio luego de que ellas habían salido del país, se ha convertido en tema del que deslindan responsabilidad tanto el fiscal de Sucumbíos, Wirmar Gonzabay, como el juez penal de esa provincia, Pedro Bolaños.

El 2 de marzo pasado, con los zapatos todavía llenos de lodo tras su visita al campamento de Angostura, el fiscal de Sucumbíos y Orellana, Wirmar Gonzabay, anunció que enjuiciaría por “atentar contra la seguridad del Estado” a las tres mujeres que sobrevivieron al ataque ocurrido la madrugada anterior.

Pero la orden de prisión fue dictada el 13 de mayo, dos meses y once días después, por el juez tercero de lo Penal de Sucumbíos, Pedro Bolaños Aguas, cuando las acusadas Lucía Andrea Morett (mexicana) y las colombianas Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez ya habían partido a Nicaragua, tras recibir el asilo político concedido por el presidente de ese país, Daniel Ortega.

Ese día, el fiscal de la Nación, Washington Pesántez, anunció que solicitaría al Consejo Nacional de la Judicatura que sancione al juez que causó el retraso de la audiencia en la cual se iba a dictar orden de prisión contra las sobrevivientes del ataque al campamento de Raúl Reyes.

Sin embargo, han pasado casi tres semanas y en el Juzgado Tercero de lo Penal de Sucumbíos se informó que el juez Bolaños Aguas “sigue laborando normalmente”. El enérgico anuncio de sanciones del fiscal Pesántez contrasta con su posición en las semanas siguientes a la incursión, tiempo en el que destacó la labor humanitaria del Gobierno al atender a las sobrevivientes de Angostura. “El hecho de que se las haya encontrado en el campo (de las FARC) no significa que hayan cometido un delito”, dijo en abril, y se negó a calificarlas como guerrilleras.

¿Por qué el Juez Tercero de lo Penal de Sucumbíos postergó la audiencia de juzgamiento del jueves 8 de mayo, cuando las dos colombianas seguían en el país, al martes 13, cinco días después, cuando las jóvenes ya habían viajado a Nicaragua?

Los intentos por dar una explicación han provocado un fuego cruzado de versiones entre el fiscal Gonzabay y el juez Bolaños. El lunes 5 de mayo, Gonzabay envió un oficio pidiendo fijar día y hora para la audiencia oral de formulación de cargos. Bolaños la fijó para el jueves 8, a las 09:00. Pero a esa hora tuvo “una calamidad doméstica”.

Por esta razón, ese jueves, cuando Gonzabay acudió al Juzgado Tercero, “no había quién atienda”. Según el Fiscal de Sucumbíos, de haberse efectuado la audiencia, las colombianas no hubiesen salido del país el domingo 11 de mayo, porque se les iba a dictar orden de prisión preventiva por atentar contra la seguridad del Estado.

Bolaños se defiende. Asegura que en su reemplazo estuvo el juez primero de lo Penal de Sucumbíos, Daniel Méndez.

Lo que dicen el Fiscal y el Juez es cierto, dice Méndez, pero con un agravante: “Yo fui encargado el jueves 8 de mayo, a las 09:30, cuando ya había pasado la hora judicial (período de espera), que es de 10 minutos, y ya se habían retirado el Fiscal y todos”. Méndez explicó a este Diario que la orden le llegó en un oficio de la delegación distrital del Consejo de la Judicatura. Por la tarde, Gonzabay pidió que se fije nueva fecha para la diligencia.

Para la notificación, indicó Bolaños, la Ley fija un plazo de 48 horas después de la audiencia original, que se cumplió el sábado 10 de mayo, a las 09:00.

Pero ese día tampoco hubo audiencia. Bolaños esta vez tenía vacación. En Quito, tanto el viernes como el sábado, el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, dijo a la prensa que las dos mujeres tenían orden de arraigo y que no podían salir del país. El domingo 11 de mayo, un avión de la Fuerza Aérea de Nicaragua se llevó a las colombianas que habían permanecido en el Hospital Militar custodiadas por la Policía y solo podían recibir visita de dirigentes de Derechos Humanos. La tercera sobreviviente, la mexicana Lucía Morett, ya había viajado a ese país el 16 de abril. El 8 de abril, el Jefe de la Policía Judicial de Sucumbios consultó al Fiscal si ella tenía orden de detención, el el 9 le contestaron que “no”.

El juzgamiento finalmente se concretó el martes 13 de mayo, con las acusadas asiladas en el exterior. Bolaños ordenó su detención. Pesántez dijo que pedirá la extradición, “mas, ustedes saben que cuando se concede asilo político eso es, de antemano, la negativa de extradición”.

Fernando Bustamante
MINISTRO DE GOBIERNO:
“Lo que se ha hecho es impedir la salida de dos colombianas, para que contesten al Ministro Fiscal”.

Washington Pesantez
Fiscal de la Nación
“Es posible que ellas (sobrevivientes), en vez de ser los sujetos activos, sean pasivos o sean víctimas”.

Cronología

Marzo 2:
El Fiscal de Sucumbíos y Orellana, Wirmar Gonzabay, pide al Fiscal de Pichincha que asigne a un agente  que reúna pruebas para la Indagación por el delito de  atentado contra la seguridad del Estado en la incursión colombiana del 1 de marzo.

Marzo 24:
El Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México denuncia a Lucía Morett, una de las sobrevivientes,  y la acusa de haber estado antes en  otros campos  de las FARC.

Abril 16:
Lucía Morett sale del Ecuador para Nicaragua, país que le ofrece asilo.

Mayo 2:
Basado en la prensa  (aún no le llegaban las pruebas que pidió) el Fiscal Wirmar Gonzabay pide al Juez  Pedro Bolaños que fije fecha y hora para la Audiencia Oral para la formulación de cargos.

Mayo 5:
El agente fiscal de Pichincha solicita que las sobrevivientes que permanecen en el Hospital Militar (las dos colombianas) rindan de nuevo su versión de los hechos.

Mayo 6:
El Juez  Bolaños fija la audiencia para el 8 de mayo a las 09h00. Ese día solo acude el Fiscal y su secretario a la audiencia pero no hay nadie en el Juzgado Tercero de lo Penal. Bolaños falta por “calamidad doméstica”.

Mayo 10:
El Fiscal Gonzabay solicita al Juez Tercero que por “razones de seguridad nacional” se ordene de manera urgente una fecha más próxima para la audiencia, para el 10 de mayo (ese mismo sábado, que el Juez tenía libre).

Mayo 11:
Las colombianas Martha Pérez y Doris Torres Bohórquez dejan el país en un avión enviado por el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y se refugian como asiladas en ese país.

Mayo 13:
Bolaños dicta orden de prisión contra las tres acusadas y pide al Director Nacional de Migración que no las deje salir del país.