El asesinato fue un trabajo realizado desde adentro. El comandante de la policía federal mantenía su agenda en secreto y dormía en un lugar diferente cada noche, pero el asesino tenía las llaves del departamento del funcionario y lo aguardaba a su llegada.
Cuando el comisionado Édgar Millán Gómez, jefe interino de la policía federal, cayó muerto de ocho balazos en el pecho, el 8 de mayo, puso a templar a la fuerza que cada vez más se ve convertida en el blanco.
La policía afirma que el pistolero fue contratado por un disgustado oficial de la policía federal que trabajaba para un cártel de drogas en el estado de Sinaloa, y la naturaleza interna del asesinato subrayó lo difícil que es para el presidente Felipe Calderón cumplir su promesa de limpiar la corrupción policiaca y ponerle fin a la violencia relacionada con las drogas que actualmente azota a México.
Desde que asumió su cargo, en diciembre del 2006, Calderón ha buscado renovar y profesionalizar la fuerza de la policía federal, al usarla, junto con el Ejército, para montar enormes operativos en ciudades y estados anteriormente controlados por los narcotraficantes.
El resultado ha sido el caos: una guerra en la que ningún blanco ha sido demasiado grande y ningún ataque demasiado descarado para los cárteles.
La violencia no muestra señales de mermar. El martes murieron siete policías federales en un enfrentamiento en Culiacán, capital de Sinaloa, mientras que el miércoles fue asesinado un comandante de la Policía Ministerial en la ciudad de Guasave, también en Sinaloa.
Los políticos de la oposición e incluso algunos oficiales de policía han empezado a preguntarse si la ambición del Presidente ha rebasado su capacidad de control, con consecuencias peligrosas y desestabilizadoras. Funcionarios estadounidenses han señalado que los esfuerzos de Calderón podrían fracasar a menos de que el Congreso de Estados Unidos apruebe un paquete de 1,4 millardos de dólares de equipo y capacitación durante 3 años para la policía mexicana.
Altos funcionarios de seguridad antes considerados intocables han sido acribillados en la Ciudad de México, cuatro tan sólo en el último mes. Los narcotraficantes mataron a siete agentes federales más este año como represalia por redadas antidrogas en la frontera.
Otros más han muerto en tiroteos. Aterrados jefes de policía locales han renunciado. El más reciente fue Guillermo Prieto, comandante en Ciudad Juárez, quien recientemente dimitió después de que su segundo al mando fue ultimado días antes.
“No está sucediendo sólo en Ciudad Juárez”, dijo el alcalde José Reyes Ferriz, en el funeral del subcomandante. “Está sucediendo en Nuevo Laredo y en Tijuana.
En toda esta zona atacan a los altos mandos de la policía para desestabilizarla”. Los narcotraficantes también han asesinado a por lo menos 170 oficiales de policía locales desde que Calderón asumió su cargo.
El Presidente ha descrito la violencia entre los cárteles y los ataques contra la policía como una señal de éxito. El Gobierno ha desmembrado a los cárteles, asegura, lo que ha desatado una guerra entre los grupos pequeños que se han desprendido de éstos. El asesinato de Millán, indicó, fue “un gesto desesperado por debilitar a la policía federal”.
La violencia entre los cárteles ha empeorado durante el pasado año y medio. El saldo mortal se ha disparado 47%, a 1.378 este año, afirman los fiscales.
Una razón para el incremento en la violencia es que Calderón y Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, han trastocado viejos arreglos entre la policía y los narcotraficantes a todos los niveles del Gobierno, afirmaron varios expertos en crimen en México.
El año pasado, García Luna despidió a 284 comandantes de la policía federal y los reemplazó con sus propios oficiales. También ha degradado a docenas de oficiales de carrera y colocado al mando a personas en quienes confía. La mayoría también sirvió bajo García Luna en el gobierno del presidente Vicente Fox, como parte de la Agencia Federal de Investigación.
El Gobierno ha elevado el salario inicial de los oficiales y mejorado su capacitación. Sin embargo, incluso con unos 3.000 reclutas nuevos, Calderón aún no ha purgado la fuerza de miles de oficiales de carrera con raíces en la vieja fuerza, que estaba llena de corrupción.
Cuando tomó posesión de su cargo, fusionó la agencia investigadora con la fuerza policiaca existente.
Calderón y su predecesor han desmantelado, en gran parte, el aparato de seguridad estatal que mantuvo un férreo control sobre México durante décadas cuando fue gobernado por un solo partido, el PRI. Algunos comandantes policiacos señalan que los oficiales corruptos son un problema menos grave que la falta de información sobre los narcotraficantes. El comisionado Javier Herrera Valles supervisó los esfuerzos de Calderón para restaurar el orden en diferentes estados durante 10 meses hasta que fue degradado en febrero pasado, tras criticar abiertamente las operaciones en una carta al Presidente.
Herrera sostiene que la policía federal cuenta con muy poca evidencia sólida resultado de la labor de agentes encubiertos, el espionaje telefónico o la vigilancia. Las operaciones consisten en detener tráileres en retenes y patrullajes en barrios. “No tienen una buena recabación de inteligencia”, dijo en una entrevista. “Patrullábamos sin rumbo. Dando vueltas, nada más”.
Calderón y sus altos funcionarios de seguridad señalan que el Gobierno ha realizado incautaciones de droga récord y veintenas de arrestos durante el pasado año y medio.
Antonio Guzmán tiene a su mando a los 640 agentes federales enviados en semanas recientes a Sinaloa para cazar a los líderes de los cárteles que se cree estuvieron detrás del asesinato de Millán. Reconoció que los líderes de los grupos probablemente habían huido.
Indicó que la verdadera razón por la que su fuerza había sido enviada allí fue para infundir confianza en los ciudadanos de que el Gobierno podía protegerlos.
Pero los residentes dijeron que patrullajes y retenes sólo fueron de ayuda mientras estuvieron allí. Indicaron que los narcotraficantes son muy conocidos, pero que nadie se atreve a identificarlos ante la policía.
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