La tala de árboles, contaminación con aguas servidas y explotación de minas perjudican el medio.

Desbroce de árboles y afectación para el hábitat de animales endémicos se han convertido en fenómenos recurrentes en Manabí, en donde varias empresas y personas irrespetan o ignoran los  procedimientos legales para obtener licencias que les permitan iniciar un proyecto en zonas consideradas protegidas y bajo el amparo del Ministerio del Ambiente.

En la parroquia La Pila del cantón Montecristi, los dirigentes comunales y de la junta parroquial concedieron en noviembre del 2007 una extensión de su territorio para que la empresa constructora Hidalgo & Hidalgo explotara una mina, para extraer 50 mil metros cúbicos de material pétreo.

Sin embargo, la empresa no se acogió al proceso de obtención de la  licencia para laborar en este sector, tal como se establece en el art. 20 del libro VI de la Ley de Gestión Ambiental, que indica que toda obra, instalación o construcción de un proyecto necesita tener un estudio de impacto ambiental.

El convenio suscrito entre la comunidad de La Pila implica el pago de 14 centavos de dólar por cada metro cúbico que extraiga la empresa constructora de esa cantera.

¿Cómo se hace la medición del volumen de material obtenido de la cantera? Como en los viejos tiempos, asegura Gonzalo Bailón, secretario de la parroquia La Pila, quien mediante un cálculo se atreve a decir que Hidalgo & Hidalgo ha extraído más de 120 mil metros cúbico de material pétreo  “y aspiran a firmar otro convenio”.

Hasta el momento la empresa ha cancelado $ 23.100  a los dirigentes de la parroquia, dinero que según el presidente de la junta parroquial, Neptalí Santana, se han invertido en obras y servirán incluso para  cancelar el 50% de una deuda que los pobladores de este sector mantienen con la empresa que les dota de agua potable.

Pese a esto, las actividades en la cantera ya fueron paralizadas en dos ocasiones, una por parte del Ministerio del Ambiente y la otra por parte del Municipio de Montecristi, ante la falta de documentos de Hidalgo & Hidalgo, para explotar la mina.

Bailón reconoce que se está tramitando la licencia ambiental, pero que esa actividad se bloqueó tras el último mandato expuesto por la Asamblea Constituyente, respecto a la entrega de permisos para concesiones mineras.

“De aquí sale material para que construyan o arreglen vías,  incluso al Municipio de Montecristi se le entrega material para que haga obras en otros sectores”, reconoció Bailón.

El ex jefe del departamento de Obras Públicas del cabildo, Jorge Zambrano Loor, mencionó que a inicios del 2008 se dispuso que se paralizaran las actividades en la zona, pero desconoce si existe un acuerdo previo entre la parroquia y el Municipio para la entrega de material o para la continuación de actividades en el sector.

Daniel Calle, encargado de las obras que ejecuta la empresa Hidalgo & Hidalgo en Manabí, entre las que se destaca la rehabilitación vial del tramo Montecristi-Portoviejo, indicó que lo único que realizan ellos es comprar el material a la comunidad, por lo cual se les cancela una cantidad.

“Nosotros le pagamos al señor (Neptalí) Santana  por la extracción del material; de los permisos son ellos los que deben responder. Nosotros compramos como si lo hiciéramos con   la Uruzca o  la Holcim”, sostuvo Calle.

Esta no es la única falta que comete la empresa constructora, ya que  el 5 de mayo pasado, Ronald Zambrano, director de Calidad Ambiental de la Regional del Ministerio del Ambiente en Manabí, junto con abogados y policías forestales de esta unidad, procedieron a suspender las actividades que tenía esta empresa en la cantera Cruz de Juancho, que se encuentra entre las comunas Sandial y Sancán del cantón Jipijapa.

“En la segunda inspección que realizamos al lugar, el 11 de mayo, observamos que había en varios sectores pieles de boas constrictoras, y que además se talaron ceibos”, señaló Zambrano, quien además indicó que se estarían afectando aproximadamente 10 hectáreas del bosque seco del sitio Sancán.

El Municipio de Jipijapa se opuso rotundamente a que se continúe con la explotación de dicha cantera.

A esto se añade la falta de personal para recorrer la  provincia.  “Imagínese que aquí somos seis técnicos inspectores para cubrir toda la provincia (con una extensión que sobrepasa los 18.800 km cuadrados), es decir, que  cada uno de nosotros debemos custodiar 300 mil hectáreas aproximadamente, cuando la norma indica que cada técnico debe supervisar máximo un territorio de 50 mil ha”, sostuvo Hernán Gallardo, funcionario de la oficina de Medio Ambiente en Manabí.

Otras afectaciones se observan en Bahía de Caráquez, donde el suizo Robert Rotenhousse construye un resort, para lo cual se taló una hectárea de manglar  sin la respectiva licencia ambiental, por lo que se le sigue acción forestal.

En el cruce de la vía Jipijapa-Puerto López, Kléber Lino Loor hizo un desbroce de cobertura vegetal y especies forestales como el ceibo, pero según Zambrano, el responsable se comprometió a presentar el estudio de impacto ambiental.

En el sitio Canoa se presentó una denuncia ante la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, por la contaminación de las playas por aguas servidas.

Áreas vulnerables
En la reserva ecológica Mache-Chindul (que comparten Esmeraldas y Manabí), su afectación llega al 80%, principalmente por la tala indiscriminada de árboles; en el humedal de La Segua, en Chone, el problema es la instalación de camaroneras de agua dulce. En esta zona la afectación llega al 65%, lo que representa un peligro para las más de 150 especies de aves.

Principal afectado
El Parque Nacional Machalilla está perjudicado en un 20% por la descarga de aguas sin el debido tratamiento, lo que ha provocado el blanqueamiento de corales.