Nueve de 13 asambleístas insisten en que el funcionario no puede dirigir la Superintendencia.

La mesa 10 de Legislación y Fiscalización solicitó al pleno de la Asamblea que declare terminadas las funciones de Francisco Arellano como Superintendente de Compañías, a pesar de que un fallo judicial lo restituyó en el puesto el miércoles.

Tal pedido surge pese a que ayer Arellano recibió también el respaldo del Gobierno, a través del ministro Fernando Bustamante.

Los nueve integrantes de la mesa apoyaron una resolución, en los plenos poderes de la Asamblea y en el mandato 01 que se expidió el 29 de noviembre del 2007, en el que se declararon concluidas las funciones de  funcionarios de entidades de control, entre ellos, del superintendente Arellano.

Los votos fueron de los oficialistas Nécker Franco, Rosana Alvarado, Félix Alcívar, César Rodríguez, María Paula Romo y Nelson López; León Roldós de la RED y Lenin Hurtado del MPD.

Ellos rechazaron la restitución en el cargo a Arellano, adoptado luego de que el juez 23º de lo Civil de Guayaquil, Manuel Chum, aceptó su pedido de recurso de amparo luego de ser destituido por el Tribunal Supremo Electoral.

Los otros integrantes de la mesa Marisol Peñafiel (PAIS), Diana Acosta (antes de PAIS), Gilberto Guamangate de Pachakutik; y, Galo Lara de SP, no estuvieron presentes.

Para que esta decisión quede en firme, la asambleísta Romo anunció que pedirá al presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, ponga el tema en la agenda de  hoy.

Mientras, la mesa diez sigue analizando un proceso de Fiscalización en contra de Arellano por los malos tratos a varias empleadas de la Superintendencia, la no entrega de información requerida por el asambleísta Nécker Franco y el cobro de ‘diezmos’ a los empleados de la Superintendencia para el financiamiento de PAIS.

Mientras tanto, ayer el Gobierno, no solo que ratificó su respaldo político para ese funcionario sino que le garantizó la protección policial necesaria para ejercer su labor.

Arellano buscó la protección del Gobierno tras conocer que el presidente de la Asociación de Empleados de la Superintendencia, Santiago Bravo, advirtió que no puede asegurar la integridad personal del superintendente en el caso de que este llegue a ingresar al edificio de ese organismo. “Esto es una amenaza pública... una cuestión bárbara...”, señaló Arellano quien al medio día de ayer ofreció una conferencia de prensa en el Ministerio de Gobierno.

El titular de esa cartera de Estado, Fernando Bustamante, lo acompañó y recalcó que la sentencia del juez Chum deja sin efecto la resolución del Supremo Electoral.

“Hasta nuevo aviso y mientras no haya otra resolución de autoridad competente, el señor Arellano es el superintendente de Compañías y seguirá siéndolo en lo que respecta al Gobierno”, señaló Bustamante.

Arellano respondió al pedido de la mesa diez y dijo que “la Asamblea puede hacer eso porque tiene plenos poderes”, pero agregó que estará en la Superintendencia todo el tiempo que sea necesario.

TEXTUALES: Posiciones

María Paula Romo:
ASAMBLEÍSTA (PAIS)
“Recomendamos el retiro del encargo y que se declare como vacante la dignidad... Pedimos que sea debatido y aprobado mañana (hoy)”.

Fernando Bustamante:
MINISTRO  GOBIERNO
“El Ejecutivo no permitirá que nadie por la vía del hecho o la prepotencia intente obstaculizar el funcionamiento de la Superintendencia”.