Por motivo de mi trabajo salgo de mi domicilio a las seis y media de la mañana, y durante mi trayecto, en el sur de la ciudad, observo con mucha frecuencia la falta de responsabilidad con la que conducen choferes (ya sean hombres o mujeres) de los expresos escolares.

Es frecuente la falta de respeto a las luces rojas de los semáforos, a los discos pare, a la doble columna de carros, al pitar exageradamente para que salgan los escolares rápido de sus casas, el conducir a exceso de velocidad. Veo, además, manejando con un perro en la falda y hablando por teléfono celular; veo vetustos vehículos repletos de estudiantes.

Esto que pensé escribir al inicio del año lectivo, lo hago ahora ante el accidente de tránsito que ocurrió recientemente entre dos expresos escolares.

Que lo ocurrido sea un llamado de atención a los padres de familia y las autoridades de tránsito, para no tener que lamentar nuevas desgracias de los llamados “expresos escolares” que circulan por la ciudad de manera muy irresponsable.

Ignacio Plaza Morán,
médico, Guayaquil

Han pasado 45 años desde que se presentó por  primera vez el planteamiento de que se devuelva el deber y derecho del voto a los miembros de las FF.AA.; 45 años de discusiones superficiales sin análisis serios.

La Constitución establece en el título VII, capítulo 5 “De la fuerza pública”, artículo 185, que “la fuerza pública será obediente y no deliberante”; y, en el título III, capítulo 3, “De los derechos”, artículo 27, “los miembros de la fuerza pública en servicio activo no harán uso de este derecho”, el del voto. El artículo 185 se refiere en forma clara a la institución militar como tal; y el artículo 27 a los individuos miembros de esa institución, en forma particular.

Ser obediente y no deliberante  es la base de la disciplina en la institución militar, indispensable para que esta funcione durante la paz (organización y entrenamiento para la guerra), y durante la ejecución de la guerra (fenómeno biológico, natural, permanente y social caracterizado por la fricción, incertidumbre, inestabilidad,  desorden,  violencia y peligro). Estas características no permiten otro régimen de disciplina.

La Constitución debe ser clara y establecer que la institución armada está prohibida de deliberar en asuntos políticos, porque es la única institución que ostenta la fuerza asignada por el Estado, para los fines establecidos en la Carta Magna, y que en el caso de hacerlo, esas opiniones estarían avaladas por la fuerza, y no por la razón y la democracia. Es claro  que la prohibición de deliberar es exclusivamente para asuntos políticos y no para otros temas.

El individuo, el ente militar,  vive, siente  y sufre las vicisitudes de la vida como cualquier ciudadano; es más culto que otros sectores sociales que tienen el deber y el derecho de votar. Es a este individuo (al militar) a quien le estamos devolviendo ese deber; no se trata de que participe en política, sino solo de votar.  En la gran mayoría de  estados del mundo y entre  ellos la mayoría de países latinoamericanos, desde hace decenas de años los militares ejercen este derecho y deber como miembros de la sociedad . ¿Que cómo se hace?, vayan a aprender cómo lo hacen en Brasil, o Ucrania y resto de Europa.

Hugo Unda Aguirre,
Samborondón

El voto popular es la expresión más sublime de libertad y democracia de los pueblos, y el derecho de los hombres y las mujeres de elegir y ser elegidos, por aquella libertad que nos otorga la Constitución; nada debe ser obligado.

Siendo en la actualidad el voto obligatorio para los ecuatorianos, la Asamblea Nacional Constituyente tiene un reto con el pueblo ecuatoriano de  modificar esta disposición constitucional, pues nuestros actos se realizan de mejor agrado cuando no son impuestos; pudiendo en el futuro ser las elecciones polulares  más conscientes y selectivas.
Además, el tratar de legalizar el voto para los menores de edad, y después obligarlos a sufragar, considero que debe  discutírselo en forma consciente y no politizada.

Y siendo la carrera de las armas una profesión de hombres  entregados al servicio de los más caros intereses de la patria, donde prima el honor, la disciplina y lealtad, y en estos momentos críticos  que atraviesa nuestro país, la fuerza pública no debe ser deliberante y tratar de involucrarse con su voto en los procesos electorales. No es aconsejable,  ya que tanto en el ámbito político como en el social no estamos preparados,  falta madurez para que esto ocurra; traería problemas  graves al Gobierno, como a las instituciones (FF.AA., Policía Nacional).

Eduardo Vergara Barros,
Quito

Es decir, el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución sería negado porque el Sí requiere de la mitad  más uno de los votos válidos. También es curioso que, a pesar de las cifras anteriores, alrededor del  60% de los ecuatorianos no decide en última instancia su voto. Me pregunto con  curiosidad, ¿cuáles son los factores que están determinando nuestro sufragio?, ¿el Presidente?, ¿los símbolos patrios?, ¿lo que dicen los medios? Y me preocupo. Tal vez para muchos, el próximo referéndum será una forma de demostrar aprobación o negación a la gestión presidencial. Personalmente creo que el tema es más complejo y tiene que ver con el país. Me alegra que hayamos comenzado el debate constituyente porque estoy seguro de que cada uno de los ecuatorianos tenemos lecturas interesantes sobre la Asamblea y su desempeño. De ahí la importancia de esta discusión para decidir el futuro del país y el nuestro propio. Entonces preguntémonos: ¿queremos una Constitución progresista, soberana, que garantice nuestros derechos,  nos otorgue una vida digna, libre de pobreza, violencia, discriminación y, sobre todo, que sea fruto de un proceso social en el cual todos hayamos participado?,  ¿o queremos quedarnos con la Constitución del 98, la de Osvaldo Hurtado, que surgió del pacto entre poderosos y notables, la del presidencialismo fuerte pero con un Congreso capaz de chantajear al Ejecutivo?, ¿o la que nos impone un Tribunal Supremo Electoral donde los partidos políticos son juez y parte? En fin, ¿la Constitución caduca con la que no ha gobernado ninguno de los últimos presidentes?

Para responder este cuestionamiento requerimos  una gran dosis de responsabilidad y memoria, porque no  nos podemos jugar el futuro de nuestra nación por simpatías o antipatías mal entendidas. También está el tema del organismo que redacta la nueva Carta Magna. Es curioso que los comunicadores hayan dado total cobertura al escándalo mediático de la supuesta propuesta de cambiar los símbolos patrios, y no hayan puesto con el mismo énfasis en conocimiento de la ciudadanía los articulados de la nueva Constitución  trabajados con esfuerzo por las mesas constituyentes y los ya aprobados en el pleno. ¿Acaso existe  pretensión de desacreditar el trabajo de los asambleístas, que me consta ha sido arduo? Quisiera pensar que no, pero me quedo con el beneficio de la duda. Al fin y al cabo tenemos una Constituyente que ha dado muestras de querer transformaciones profundas. Prueba de eso es su voluntad democrática  que, a pesar de gozar de plenos poderes, someterá su texto constitucional a la voluntad del pueblo.

Miguel Molina Díaz,
Quito

Ahora que tanto se adula al pueblo con palabras lisonjeras llamándolo “el soberano”, “el mandante”, etcétera, ¿por qué no ser más coherentes y se legisla respetando su derecho de votar o no; es decir, sin obligarlo como hoy, e incluso sancionándolo con la pérdida de los derechos de ciudadanía si no lo hace?

A todas luces esta imposición es totalmente antidemocrática e inconstitucional, atentatoria a la libertad del ciudadano de acudir a expresarse de acuerdo a su “soberana” voluntad.

¿Acaso el ciudadano común carece de capacidad de ejercer su derecho de ir a las urnas, o de abstenerse según su conciencia o conveniencia? El voto debe ser facultativo, pero esto no les conviene a muchos individuos, especialmente a los grupos políticos porque afectará sus intereses.

Miguel Gallardo Moreno,
doctor, Guayaquil

Héctor Oswaldo Benítez Silva,
Guayaquil