César Rodríguez, de la mesa 10, asegura que la CTG seguirá autónoma, aunque no en el manejo vial.

La decisión de primera instancia en la Asamblea Constituyente, sobre que el agua potable no será objeto de privatización, encontró reacciones ayer.

“Guayaquil no ha privatizado el agua, Guayaquil ha concesionado el agua. Ha delegado. La propiedad sigue en el Estado, como a ellos les gusta... Parece que lo estratégico es fastidiar, pero aquí no nos dejamos”, dijo el alcalde Jaime Nebot.

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Mientras que para el ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez; el asesor municipal y ex secretario jurídico de Carondelet, Joffre Campaña, y el consejero y miembro del directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, Rafael Estrada, esta no tendrá razón de existir si el pleno de la Asamblea ratifica el aprobado proyecto de Ley de Tránsito, que elimina su capacidad para crear las políticas de tránsito locales.César Rodríguez, de la mesa 10, asegura que la CTG seguirá autónoma, aunque no en el manejo vial.

La decisión de primera instancia en la Asamblea Constituyente, sobre que el agua potable no será objeto de privatización, encontró reacciones ayer.

“Guayaquil no ha privatizado el agua, Guayaquil ha concesionado el agua. Ha delegado. La propiedad sigue en el Estado, como a ellos les gusta... Parece que lo estratégico es fastidiar, pero aquí no nos dejamos”, dijo el alcalde Jaime Nebot.

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Mientras que para el ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez; el asesor municipal y ex secretario jurídico de Carondelet, Joffre Campaña, y el consejero y miembro del directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, Rafael Estrada, esta no tendrá razón de existir si el pleno de la Asamblea ratifica el aprobado proyecto de Ley de Tránsito, que elimina su capacidad para crear las políticas de tránsito locales.

PAIS dice que la Ley de Tránsito eliminará “privilegios” que no tenían razón de existir.

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Si el pleno de la Asamblea ratifica el informe de la mesa 10 de Legislación y Fiscalización sobre el proyecto de Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) perderá su facultad para crear políticas de tránsito en la provincia.

Quedará reducida, entonces, a una dirección de tránsito encargada de ejecutar las decisiones de la nueva Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

El informe dispone la derogatoria de la Ley de creación de la CTG, su reglamento y otras normas que le otorguen competencias. Exceptúa la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la CTG, la Ley  de Cesantía y Mortuoria para los empleados civiles de la entidad.

Con tales cambios, la CTG ya no tendría razón de existir, coinciden Rafael Estrada, delegado del Consejo Provincial del Guayas en el directorio de la CTG; y los juristas Joffre Campaña y Vladimiro Álvarez, asesor del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y ex ministro de Gobierno, respectivamente.

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“Nosotros los guayaquileños, los guayasenses tenemos que solucionar nuestros problemas porque los conocemos mejor que ellos (el Gobierno) que están en Quito”, dijo Estrada.

“La Asamblea debería ser más honesta y desaparecerla (a la CTG). Ahora quedará como un cascarón con algo de plata. Esto es un síntoma más del neocentralismo que estamos viviendo”, sostuvo Campaña.

“Existe el afán de eliminar la autonomía de esta institución, de acuerdo con las estrategias del Gobierno de tomar poder en las organizaciones que han logrado desarrollar a Guayaquil y a la provincia”, dijo Álvarez.
Rosana Alvarado (PAIS) explicó que “no se quiere perjudicar a nadie, lo que se quiere hacer es eliminar privilegios”.

César Rodríguez (PAIS) atribuyó a una manipulación de la derecha las acusaciones de que su bloque intenta afectar la autonomía de Guayaquil.

“No aceptamos que se diga que se legisla contra Guayas porque Nebot es el alcalde, en razón de que la ley fue construida para todos y todas y no para alguien en particular”, dijo.

Con la aprobación del informe, la CTG perdió su autonomía al eliminarse su ley de creación, dijo León Roldós (RED). 

“La CTG se ha convertido en un centro de confrontación. El mandatario, Rafael Correa, hizo esfuerzos por quitarle a Guayas las competencias solo porque Jaime Nebot está al frente del Municipio”, expresó.

El proyecto señala que la CTG es una “persona jurídica de derecho público, descentralizada, de duración indefinida, con patrimonio propio y con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, con domicilio en Guayaquil y con jurisdicción en  Guayas”.

El patrimonio de la Comisión estará conformado, según el texto, por ocho ítems; entre ellos, los bienes y valores que posee actualmente, los impuestos de los que sea beneficiario, las tasas y tarifas que recaude, los recursos que provengan de la cooperación internacional, las recaudaciones por concepto de multas por infracciones.

Es decir que sí mantendrá la preasignación del 6% del Impuesto a la Renta (IR) de los ciudadanos del Guayas; ese monto llega al 30% de su presupuesto, que llega a $ 50 millones.

Otro 30% proviene de las multas por infracciones de tránsito y otras tasas; y el resto de la autogestión.
 
Esa preasignación fue creada en la Ley de Régimen Tributario Interno de 1978 y ratificada por la Ley del 2001 y la Ley de Equidad Tributaria del 2007 aprobada por la Asamblea.