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Demasiadas dudas |
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Fundamento medular de la credibilidad de un gobierno es la ausencia de dudas sobre la honestidad y transparencia de sus máximas figuras. Lamentablemente, numerosos hechos han ido minando la confianza que tuvieron los ecuatorianos de que este Gobierno sería diferente y de “manos limpias”. Es imprescindible que el Presidente tome decisiones radicales que, aunque pudieran afectar a cercanos colaboradores, beneficiarán al país y a su gobierno, devolviéndole ese haz de transparencia que tanta falta hace.
¿Indicios? Inédito en el país que en un mismo gobierno, dos de las más importantes instituciones de control pierdan a sus titulares por corrupción: Superintendencia de Compañías y Procuraduría General del Estado.
Inédito también que el Subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República sea públicamente acusado de interferir en la Función Judicial nada menos que por un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Mauro Terán; de tráfico de influencias por una distinguida editorialista del Diario Expreso de Guayaquil, doña Nelly de Jaramillo; y, que al mismo tiempo su ética sea cuestionada por parte del Alcalde de Guayaquil por haber intervenido como funcionario público –sin competencia– en asuntos de casinos patrocinados por el Estudio Jurídico al cual se pertenece.
Inédito también que en el Ministerio de Obras Públicas sea vox pópuli la nómina de los contratistas preasignados para decenas de obras, entre los que se encontrarían antiguos diputados y compañías “amigas” de algunos ministros de Estado.
Inédito también que en lugar de celebrar procesos transparentes de contratación pública, grandes proyectos pretendan ser adjudicados sin concurso, utilizando para ello empresas estatales extranjeras: Pertaminas de Indonesia, Enarsa de Argentina, PDVSA de Venezuela, etcétera.
Inédito también que grandes obras que se financian con fondos públicos, tales como Sopladora (Hidropaute S.A.), Coca Codo Sinclair (Coca Codo Sinclair S.A.), Toachi Pilatón (Hidrotoapi S.A.) sean contratadas directa o indirectamente con las mismas privilegiadas compañías que antes fueron contratadas por el MOP cuando su titular era el ministro Derlis Palacios: Consermin y Fopeca, y que merecieron denuncias ante la Fiscalía por haberse entregado anticipos sin mediar la suscripción de contratos, según investigación del Diario Hoy.
Inédito también que en un Gobierno que se dice socialista, en el Ministerio de Obras Públicas se desarrolle una forma típica del neoliberalismo (aunque en este caso sui géneris e ilegal) de contratación vía delegación a la iniciativa privada, que ni innova en cuanto a la obra pública, ni se financia con fondos de los contratistas, ni establece riesgo alguno para los proponentes, dejando abierta la puerta para que los estudios –que son elaborados por los propios proponentes– contemplen cantidades de obra o materiales que disparen los presupuestos.
Inédito también que en la licitación dirigida por el MOPT para la construcción del puente sobre el río Babahoyo se permita competir a empresas estatales extranjeras con sociedades anónimas privadas, violándose con ello la Ley de Contratación Pública.
Todos estos hechos, entre otros, siembran demasiadas dudas sobre la transparencia del régimen. El Presidente de la República tiene la obligación moral y jurídica de combatir toda forma de corrupción y de demostrar que, equivocado o no en su forma de gobernar, garantiza a los ecuatorianos honestidad. |
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| Manuel Ignacio Gómez Lecaro |
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| Fernando Coronel Velasco |
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