De los 35 artículos de política económica aprobados por la mesa  7 de  Régimen de Desarrollo se desprende que el Estado tendrá un rol  interventor en el mercado, y que la Constitución afianzará las políticas que ya aplica el Gobierno.

El Ejecutivo formulará las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, y estas garantizarán “adecuados tipos de interés para el financiamiento de las actividades productivas, manteniendo una adecuada estabilidad de precios en función de la estabilidad económica”. Y el Estado “velará” para que las  tarifas de los servicios públicos sean “equitativas”.

En lo comercial, promoverá las exportaciones de los  productores; propiciará las importaciones  y desmotivará “las que afecten negativamente...”.

Las entidades financieras, con excepción de aquellas de carácter popular o solidario, no podrán ser vinculadas a empresas ajenas a esa actividad. Este texto reemplazó a la prohibición expresa del vínculo con medios de comunicación, aunque la idea es la misma.

Esas actividades se  reconocen como un servicio público delegable, y eso para Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) implica que el Estado puede quitar la delegación, por lo que    genera demasiado intervencionismo.

El texto señala como   sectores estratégicos y de control exclusivo del Estado a la energía,  telecomunicaciones,  recursos naturales no renovables,    minerales,  hidrocarburos,  biodiversidad, agua, entre otros. Este último y su gestión no serán susceptibles de privatización.

En una transitoria se excluye temporalmente de la prohibición de las preasignaciones presupuestarias a la Ley 010, hasta que la Amazonía alcance  un desarrollo aceptable. Y dice que  el Estado no  tendrá obligación  de asumir deudas de los gobiernos autónomos y organismos seccionales.